Privatización

Periódico La Jornada. México D. F. a 27 de abril de 2008. Opinión. Arnaldo Córdova: Privatización.

Héctor Aguilar Camín escribió una serie de artículos en el periódico en el que colabora, poniendo en duda el rigor semántico de la definición que nuestro grupo de intelectuales en defensa del petróleo dio y, debo decirlo, con justas razones. Yo no voy a defender nuestra definición, excepto diciéndole que nos referimos con ella a los intentos privatizadores del gobierno de Calderón. Ahora quisiera darle una definición que busque ser de verdad rigurosa. Un jurista y, más aún, un constitucionalista, diría que la privatización es un asunto de derecho público, no de derecho privado.

Héctor nos enmienda la plana diciendo que “privatizar en sentido estricto quiere decir que la empresa sea vendida a capitales privados, como se vendieron los teléfonos y los bancos”. En realidad, privatizar no quiere decir, necesariamente, vender. Hay innumerables formas de transmisión del dominio y lo mismo se observa cuando un bien público pasa a ser propiedad de un privado. Aparte del contrato de compraventa, existen la cesión del derecho, la dación en usufructo ad aeternum, la enfiteusis (uso de superficie de terreno público), el abandono del bien que puede ocasionar que un privado lo reclame y muchas otras. Tampoco se trata de una venta total, como se la imagina mi amigo. Cuando se trata de una empresa tan grande, puede ocurrir que la privatización opere sólo en ciertas áreas, servicios, bienes o, incluso, créditos.

Si se la observa desde ese punto, nuestra definición es acertada, aunque no completa ni rigurosa. Cuando decimos que el gobierno panista está cediendo con su iniciativa bienes, derechos y funciones que la ley hasta ahora mantenía dentro de la competencia de Pemex, estamos afirmando, con rigor jurídico, que se está privatizando la empresa. Si Héctor se toma el trabajo de leer las iniciativas de Calderón se dará cuenta de que tenemos la razón en lo que decimos.

Privatizar y estatizar o expropiar o nacionalizar (para el objetivo jurídico diseñado en la ley, exactamente lo mismo) son conceptos antitéticos sin mediación alguna posible. Se trata de una materia de propiedad de bienes reales, de cosas y éstas no pueden estar más que en el dominio de los privados o del Estado (en nuestra Constitución, representante de la nación). Si de una empresa del Estado, cualquiera que sea, por ejemplo, se pasa a manos de privados, un bien real, un servicio, un valor (esfera de derechos personales) o, incluso, una función antes exclusiva, se está privatizando. Sí, un poquito, pero se está privatizando.

Yo invitaría a mi amigo a que discuta con nosotros las iniciativas, no nuestra definición que, por supuesto, tiene sus limitaciones. Hay muchísimos servicios que los privados pueden hacer para Pemex, mediante contrato de servicios y el pago correspondiente. Transporte por carretera, por ferrocarril y también por mar, construcción de infraestructura, como ductos, refinerías o plataformas marítimas, pero todo pagado y bajo contrato. El que muchas de las áreas de actividad de Pemex estén ya en manos de privados y que, de acuerdo con la Carta Magna no deben estar, Héctor tiene razón, es algo que debe anularse. A él no se le ocultará el colosal saqueo de nuestra riqueza petrolera a que eso da lugar.

Las privatizaciones son materia de derecho público, no de derecho privado. Entre privados se ceden derechos. Entre el Estado y los privados se puede comprar y vender, se puede ceder, se puede expropiar (mi amigo debe saber lo que es el derecho de reversión), pero todo será siempre de interés público, porque va en entredicho el interés público, representado por el Estado, que encierra el bien en cuestión. Tratar al Estado como si fuera un privado sólo se permite en contratos o convenios en los que la materia es de estricto interés privado (comprar clips o papel para oficinas, por ejemplo).

Cuando se trata del patrimonio público (vender o ceder un bien que está bajo el dominio de la nación y al cuidado de su Estado), permitir que el Estado se vuelva un privado como todos y pueda hacer transacciones de carácter privado no sólo choca con la letra de nuestra Carta Magna, sino también contra toda lógica jurídica. Un bien público es, por definición, un bien que está fuera de la esfera de los privados. Si se da al Estado, contra la letra y el espíritu de la Constitución, la facultad de tratar a los bienes públicos como bienes de los privados, la misma noción que diferencia derecho público y derecho privado desaparecería por completo. Todos sabemos muy bien lo que eso podría significar.

Es verdad que privatizar es un concepto muy ambiguo y casi no hay manera de definirlo con todo rigor; pero, si se ve su objeto jurídico, la cosa o el servicio en cuestión, resulta bastante sencillo. Se trata de un bien público que pasa a manos de un privado, cualquiera que sea el modo en que se haga. Es una pena que el concepto lo hayan redefinido y manejado sin discriminación los economistas (“vender”). Los juristas lo definen y lo usan de otra manera. Me ha sorprendido la opinión que ha expresado el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro, en el sentido de que los artículos 26 y 28 modifican el sentido del 27. Le recomendaría que leyera con mayor atención la letra y el sentido de esos artículos, sin olvidar el 25.

Creo que Héctor no podrá ignorar el cambio de ruta que el gobierno panista ha efectuado en torno al eterno tema de las finanzas de Pemex. En una reciente entrevista con La Jornada, la señora Kessel nos dice que el tema a debate no son las finanzas de Pemex (se negó a decir adónde van los excedentes petroleros), sino técnico. Necesitamos de los que saben manejar mejor que nosotros la industria petrolera. Yo creo que los argumentos se les están acabando (si es que alguna vez los tuvieron).

¿Por qué nuestros oponentes no discuten con nosotros en los terrenos en los que de verdad podemos debatir? No he visto argumentos jurídicos. Los economistas reaccionarios no abren la boca o sólo pronuncian improperios. Los intelectuales de derecha sólo nos dicen “fascistas” o “alamanistas” porque ocupamos sedes parlamentarias. ¿Por qué no nos dan el tiempo y las condiciones para que podamos discutir con ellos, en el terreno que deseen?