viernes, 30 de mayo de 2008
jueves, 29 de mayo de 2008
PERIODICO “REFORMA”. México. 17 abr. 08. Lorenzo Meyer AGENDA CIUDADANA. LA PRIVATIZACIÓN PETROLERA: EL INICIO
EL PROFESOR LORENZO MEYER, HISTORIADOR Y ESPECIALISTA EN LAS RELACIONES MÉXICO-ESTADOS UNIDOS Y HOY EN EL ASUNTO DEL PETRÓLEO, DE MANERA MAGISTRAL, HACE APORTACIONES MUY IMPORTANTES PARA EL ANÁLISIS Y EL DEBATE SOBRE ESTE TEMA QUE SERÁ FUNDAMENTAL PARA LA HISTORIA DE MÉXICO ACTUAL, POR LO CUAL EN ESTE BLOGG, SE INCLUIRÁN DOCUMENTOS QUE PERMITAN MANTENER UNA INFORMACIÓN ANALÍTICA Y CRÍTICA...
EL PROFESOR MEYER, TIENE YA VARIOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN SU EXCELENTE COLUMNA: "AGENDA CIUDADANA" DEL PERIÓDICO "REFORMA"
CON ESTE ARTÍCULO, SE INICIA LA PUBLICACIÓN QUE SOBRE LA TEMÁTICA ESCRIBA EL MAESTRO MEYER.
LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MATERIALES DEL BLOGG ESTÁ DEDICADA A TODOS LOS LECTORES INTERESADOS, FUNDAMENTALMENTE A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS QUE ESTÁN LEYENDO LOS DOCUMENTOS.
El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artículo 27 constitucional
Antecedentes necesarios
Los clásicos creían que la historia se movía en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.
Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es políticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En 1916, en el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, en tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.
En el origen
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida política mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así se puede apreciar la magnitud lo que hoy está en juego.
Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podía dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que había de valioso en el subsuelo -plata y oro-, tenían que pagar regalías. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española -entre otras cosas, las riquezas del subsuelo- pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los "jugos de la tierra", es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocía por las chapopoteras.
La revolución industrial y el motor de combustión interna le darían al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los países industriales -en este caso la francesa-, elaboró una ley minera que, en su artículo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarían de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el país de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artículo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podía explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.
Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habían empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900 Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder político decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometía ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los "criaderos o depósitos de combustibles minerales" eran "propiedad exclusiva" del superficiario. Esta ley hecha en vísperas de la Revolución permanecería en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringía pero no anulaba los derechos del superficiario si los había adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.
Legitimidad
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tenía idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podía tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino específicamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 había empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo "Dos Bocas" y se puso en acción al "Potrero del Llano", todo el mundo supo que México era país petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, "El Águila", naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.
La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del país requería de las nuevas fuentes de energía, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurídica al capital que tenía la tecnología y el empuje para hacerlo.
Algunas conclusiones
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñez y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase política, Pearson hizo miembros del consejo de administración de "El Águila" al hijo de Porfirio Díaz -"Porfirito"-, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquía. En fin, que las decisiones hechas en nombre del "interés general" escondían la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces críticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los círculos del poder económico y político, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.
Pese a la letra y espíritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economías centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego
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El logro del presidente Lázaro Cárdenas de 1938 está en duda con el debate-iniciativa del gobierno sobre el artículo 27 constitucional
Antecedentes necesarios
Los clásicos creían que la historia se movía en ciclos. Por lo que al petróleo mexicano se refiere, tenían razón. Hoy volvemos a iniciar, con variantes, claro está, el ciclo que se inició a fines del siglo XIX. Estamos de regreso a los tiempos de don Porfirio.
Lo que hoy se encuentra en el centro de nuestro debate y conflicto político no es la privatización de la industria petrolera al estilo Teléfonos de México, eso simplemente ya no es políticamente viable. Lo que está en juego con la iniciativa de ley presentada por el gobierno el 8 de abril es hasta qué punto es compatible la ampliación del campo de la inversión privada en la industria petrolera que desea Felipe Calderón con la letra y, sobre todo, con el espíritu del artículo 27 constitucional, teniendo en cuenta que ese espíritu nació y se nutrió del choque de la Revolución Mexicana con las empresas petroleras extranjeras.
En 1916, en el párrafo IV del artículo 27 de la nueva Constitución, el constituyente de Querétaro decidió retornar al dominio directo de la nación "los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos". Esa disposición clara y contundente entró en vigor en 1917 y cimbró los cimientos no sólo de una industria petrolera en expansión sino de toda la estructura de la inversión externa en México y, de rebote, la onda expansiva se dejó sentir en otros países periféricos. La resistencia externa al cambio fue feroz y la disposición del soberano tardó 22 años en hacerse realidad mediante la expropiación de toda la industria petrolera en 1938. Esa larga lucha cerró con broche de oro el 9 de noviembre de 1940, pues fue entonces cuando el texto constitucional se modificó para quedar de esta manera: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos recursos". Veinte años después, el 20 de enero de 1960, un nuevo cambio al texto constitucional declaró que, en tratándose del petróleo: "no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado"; esto último fue una reacción contra los cinco "contratos riesgo" otorgados por Miguel Alemán entre 1949 y 1951 a otras tantas empresas norteamericanas en el primer paso firme de reprivatización petrolera.
En el origen
Para comprender a cabalidad la razón por la cual se ha convertido en algo tan central a la vida política mexicana la actual propuesta de Felipe Calderón de reformar el marco legal que rige la explotación de los hidrocarburos mexicanos, conviene volver la vista al principio, dar un gran salto temporal hasta llegar al siglo XVI para luego reconstruir el proceso hasta llegar a la primera privatización y entender lo que implicó. Sólo así se puede apreciar la magnitud lo que hoy está en juego.
Al incorporar España a sus dominios lo que hoy es México, su interés principal era explotar la riqueza minera, por ello ésta quedó definida desde el inicio como propiedad del soberano. El monarca español podía dar en concesión la explotación de esa riqueza a particulares, pero en principio todo elemento valioso en las entrañas de la tierra era propiedad de la Corona. Fue por ello que los mineros, al descubrir y apropiarse de lo que había de valioso en el subsuelo -plata y oro-, tenían que pagar regalías. Cuando en 1821 México se declaró independiente, lo que era propiedad de la Corona española -entre otras cosas, las riquezas del subsuelo- pasó a ser propiedad de la nación. Y esa riqueza incluyó a los "jugos de la tierra", es decir, al petróleo, aunque sin gran valor y cuya existencia se conocía por las chapopoteras.
La revolución industrial y el motor de combustión interna le darían al petróleo un valor hasta entonces impensable. Fue justo al inicio de la era petrolera a escala mundial, en 1884, cuando el gobierno de Manuel González, copiando la legislación en boga en los países industriales -en este caso la francesa-, elaboró una ley minera que, en su artículo décimo fracción IV, declaró que tanto los depósitos de carbón como de petróleo dejarían de ser propiedad de la nación para serlo de quien fuera el dueño de la superficie. En el país de entonces el cambio se justificó como una manera de alentar la producción interna de los nuevos combustibles. Sin embargo, el código minero de 1892 cambió sutilmente el status del petróleo, pues su artículo cuarto no dijo ya nada con relación a la propiedad del hidrocarburo y simplemente declaró que se podía explotar sin necesidad de solicitar una concesión. Esto sirvió de base a la primera ley petrolera: la de 1901.
Para el arranque del siglo XX, la importancia económica del petróleo ya era obvia y las primeras empresas petroleras extranjeras ya habían empezado a operar en México. En efecto, en diciembre de 1900 Edward Doheny formó la Mexican Petroleum Co. of California. Fue en esas circunstancias que el poder político decidió inclinar la balanza legal en favor del capital y en contra de la propiedad de la nación y reconoció claramente el derecho del superficiario a explotar el petróleo en sus terrenos. Por si lo anterior no fuera suficiente, en 1909, cuando ya era evidente que la actividad petrolera prometía ser una actividad en ascenso, apareció una legislación que acabó con toda ambigüedad al especificar que los "criaderos o depósitos de combustibles minerales" eran "propiedad exclusiva" del superficiario. Esta ley hecha en vísperas de la Revolución permanecería en contradicción con la Constitución de 1917 hasta 1926, cuando fue reemplazada por otra que restringía pero no anulaba los derechos del superficiario si los había adquirido antes de 1917, es decir, cuando las grandes empresas petroleras extranjeras se hicieron de casi todos sus terrenos. Sólo en marzo de 1938 Lázaro Cárdenas pudo, por fin, acabar con esa primera privatización, pero por lo que vemos ahora, su triunfo está en duda.
Legitimidad
Cuando se inició la privatización del petróleo no se tenía idea clara de la riqueza mexicana en esta materia, pero al momento en que el Porfiriato pasó su ley en 1909, ya nadie podía tener duda de la riqueza que la nación entregaba no sólo a los particulares sino específicamente a los extranjeros. En efecto, además de Doheny estaba el empresario inglés Weetman Pearson, que desde 1906 había empezado a adquirir terrenos prometedores además de lograr una exención de impuestos para importar maquinaria y equipo. Dos años después, cuando se perforó e incendió el pozo "Dos Bocas" y se puso en acción al "Potrero del Llano", todo el mundo supo que México era país petrolero. No fue coincidencia que la poderosa empresa de Pearson, "El Águila", naciera justamente cuando se aprobó la ley de 1909.
La legitimidad de la cesión de los derechos de propiedad a los particulares de ese valioso recurso natural no renovable que es el petróleo la justificó el orden porfirista con razones no muy diferentes a las que se aducen hoy: que la modernización del país requería de las nuevas fuentes de energía, y la única forma de descubrirlas y alentar la producción era dar seguridad jurídica al capital que tenía la tecnología y el empuje para hacerlo.
Algunas conclusiones
El gran técnico que descubrió los primeros campos petroleros no fue extranjero sino mexicano: el geólogo Ezequiel Ordóñez y los intereses extranjeros lo usaron de manera óptima. Para ganar el favor de la clase política, Pearson hizo miembros del consejo de administración de "El Águila" al hijo de Porfirio Díaz -"Porfirito"-, al gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón, a Enrique Creel, a Pablo Macedo y a otros miembros de la oligarquía. En fin, que las decisiones hechas en nombre del "interés general" escondían la alianza de los pocos en beneficio de ellos mismos. Es verdad que hubo algunas voces críticas de ese tipo de relación tan estrecha entre los círculos del poder económico y político, pero no tuvieron ningún eco y sólo la violencia revolucionaria destruyó el arreglo oligárquico.
Pese a la letra y espíritu de la Constitución de 1917, el petróleo siguió siendo un auténtico enclave; su dinámica estuvo determinada por las necesidades de las economías centrales y no por la interna y sin liga de un recurso tan valioso y no renovable con el largo plazo del desarrollo nacional. La expropiación de 1938 dio a la situación un giro de 180°. Y es ese giro lo que hoy está en juego
domingo, 25 de mayo de 2008
lunes, 19 de mayo de 2008
La década perdida: ¿y tu sexenio, apá?
PERIÓDICO “LA JORNADA” México. 18 de mayo de 2008
Mario Di Costanzo Armenta
Señalo lo anterior porque, a pesar de que en el texto de Carlos Salinas abundan las referencias al libro titulado “El saqueo a los mexicanos: entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa” cuyos autores somos tanto un servidor como mi entrañable amigo Jorge Francisco Moncada, el señor Salinas omitió referir un capítulo que lo ubica como el gran responsable de este “saqueo a los mexicanos”.
Por ello, al final, lo importante no es que coincida con la conclusión de lo que fue el Fobaproa-IPAB, sino que se niegue a aceptar su grave responsabilidad en este saqueo, que por cierto fue resultado de una privatización.
De esta manera, el “texto demoledor” al que Salinas alude tantas veces en referencia a nuestra investigación sobre el rescate bancario, en su capítulo titulado “La reprivatización según Sa(n)linas” establece, entre otras cosas, lo siguiente:
En 1988 el gobierno salinista inició un proceso denominado reforma financiera, para implantar las bases de la liberalización y la modernización del sistema. Para ello, se apoyó en un gabinete económico que integraron los llamados “hijos pródigos del neoliberalismo”: funcionarios como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz Martínez, José Ángel Gurría o Ernesto Zedillo.
Así, en 1990 modificó los artículos 28 y 123 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. En 1992 y 1993 reformó diversos ordenamientos legales que regulaban al sector.
Y el 5 de septiembre de 1990 se publicó el acuerdo presidencial que estableció los principios básicos del proceso para la desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, así como sus objetivos prioritarios.
De esta manera, en 1991 se inició la reprivatización formal del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta.
Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor y en las bases de desincorporación se establecieron medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos.
Además, expresamente se ordenó que “el Consejo de Administración de las instituciones (desincorporadas) debía estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que contaran con amplio conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.
La reprivatización se concretó en un lapso de 13 meses y según Salinas el gobierno federal recibió por ella “39 mil 711 millones de pesos (y) como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al fondo para el pago de la deuda interna”.
Pero lejos de garantizar que los bancos quedaran en manos de quienes conocían a fondo el negocio bancario, el acuerdo del 5 de septiembre de 1990 sirvió más bien para la reafirmación de que las reglas son para romperse: empresarios, dueños de casas de bolsa e inversionistas inexpertos en el sector terminaron controlando la banca reprivatizada.
Se licitaron 18 bancos, cuyos precios alcanzaron hasta 5.3 veces más que su valor en libros y representaron utilidades para el gobierno por casi 12 mil 500 millones de pesos.
Pero resultó evidente la falta de apego a las condiciones que impuso el mismo gobierno para garantizar un proceso adecuado, puesto que desde que se anunció la reprivatización de los bancos, destacaron entre los interesados grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete agrupaciones particulares: los compradores estaban principalmente relacionados con sectores empresariales e industriales a los que las casas de bolsa sirvieron como intermediarias para comprar los bancos.
Por eso en la mayoría de los casos los compradores carecían de experiencia financiera o crediticia y de conocimiento técnico suficiente para realizar sanas prácticas bancarias, lo cual provocó a su vez que resultaran incapaces de contratar equipos de administración eficientes.
Así, prácticamente de la nada, saltaron de lleno al negocio neobanqueros como José Madariaga Lomelí, Julio César Villarreal, Jorge Lankenau Rocha, Hugo Villa Manzo, Carlos Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez Sáez, entre otros.
Lo peor, sin embargo, trascendió con el paso del tiempo ya que luego se supo que en muchos casos gran parte de la compra de bancos se financió con recursos que prestaron otros bancos ya privatizados, como sucedió en lo relativo a Inverlat, Banco Unión o Banco Internacional.
Por lo que ahora se sabe que desde un principio las instituciones desincorporadas no tuvieron una sólida capitalización: fueron negocios que se echaron a andar con capital de papel (dinero prestado) y de saliva (mediante acuerdos verbales).
Esto originó que a la postre, la crisis bancaria fuese más grave y profunda de lo que hubiese sido si en la reprivatización de la misma no hubiera existido corrupción, tráfico de influencias y favoritismos.
Al final, lo más preocupante es que quien sentó las bases para generar una década perdida sea ahora quien elogia a Felipe Calderón y a su reforma energética.
Mario Di Costanzo Armenta
Debo confesar que tuve que meditar mucho sobre el tema al que dedicaría el artículo de hoy, pues a pesar de que reconozco que el asunto petrolero es y debe ser la prioridad en estos momentos para todos nosotros, no pude evitar escandalizarme ante las omisiones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en su libro titulado La década perdida, sobre todo en lo que se refiere al episodio conocido como el rescate bancario o el Fobaproa-Ipab.
Señalo lo anterior porque, a pesar de que en el texto de Carlos Salinas abundan las referencias al libro titulado “El saqueo a los mexicanos: entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa” cuyos autores somos tanto un servidor como mi entrañable amigo Jorge Francisco Moncada, el señor Salinas omitió referir un capítulo que lo ubica como el gran responsable de este “saqueo a los mexicanos”.
Por ello, al final, lo importante no es que coincida con la conclusión de lo que fue el Fobaproa-IPAB, sino que se niegue a aceptar su grave responsabilidad en este saqueo, que por cierto fue resultado de una privatización.
De esta manera, el “texto demoledor” al que Salinas alude tantas veces en referencia a nuestra investigación sobre el rescate bancario, en su capítulo titulado “La reprivatización según Sa(n)linas” establece, entre otras cosas, lo siguiente:
En 1988 el gobierno salinista inició un proceso denominado reforma financiera, para implantar las bases de la liberalización y la modernización del sistema. Para ello, se apoyó en un gabinete económico que integraron los llamados “hijos pródigos del neoliberalismo”: funcionarios como Pedro Aspe, Guillermo Ortiz Martínez, José Ángel Gurría o Ernesto Zedillo.
Así, en 1990 modificó los artículos 28 y 123 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad del Estado en la prestación del servicio de banca y crédito. En 1992 y 1993 reformó diversos ordenamientos legales que regulaban al sector.
Y el 5 de septiembre de 1990 se publicó el acuerdo presidencial que estableció los principios básicos del proceso para la desincorporación de las sociedades nacionales de crédito, así como sus objetivos prioritarios.
De esta manera, en 1991 se inició la reprivatización formal del sistema de banca múltiple para promover una economía abierta.
Las autorizaciones de bancos se licitaron al mejor postor y en las bases de desincorporación se establecieron medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos.
Además, expresamente se ordenó que “el Consejo de Administración de las instituciones (desincorporadas) debía estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que contaran con amplio conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.
La reprivatización se concretó en un lapso de 13 meses y según Salinas el gobierno federal recibió por ella “39 mil 711 millones de pesos (y) como en el resto de las privatizaciones, los recursos obtenidos también se destinaron íntegramente al fondo para el pago de la deuda interna”.
Pero lejos de garantizar que los bancos quedaran en manos de quienes conocían a fondo el negocio bancario, el acuerdo del 5 de septiembre de 1990 sirvió más bien para la reafirmación de que las reglas son para romperse: empresarios, dueños de casas de bolsa e inversionistas inexpertos en el sector terminaron controlando la banca reprivatizada.
Se licitaron 18 bancos, cuyos precios alcanzaron hasta 5.3 veces más que su valor en libros y representaron utilidades para el gobierno por casi 12 mil 500 millones de pesos.
Pero resultó evidente la falta de apego a las condiciones que impuso el mismo gobierno para garantizar un proceso adecuado, puesto que desde que se anunció la reprivatización de los bancos, destacaron entre los interesados grupos financieros representados por 11 casas de bolsa y siete agrupaciones particulares: los compradores estaban principalmente relacionados con sectores empresariales e industriales a los que las casas de bolsa sirvieron como intermediarias para comprar los bancos.
Por eso en la mayoría de los casos los compradores carecían de experiencia financiera o crediticia y de conocimiento técnico suficiente para realizar sanas prácticas bancarias, lo cual provocó a su vez que resultaran incapaces de contratar equipos de administración eficientes.
Así, prácticamente de la nada, saltaron de lleno al negocio neobanqueros como José Madariaga Lomelí, Julio César Villarreal, Jorge Lankenau Rocha, Hugo Villa Manzo, Carlos Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez Sáez, entre otros.
Lo peor, sin embargo, trascendió con el paso del tiempo ya que luego se supo que en muchos casos gran parte de la compra de bancos se financió con recursos que prestaron otros bancos ya privatizados, como sucedió en lo relativo a Inverlat, Banco Unión o Banco Internacional.
Por lo que ahora se sabe que desde un principio las instituciones desincorporadas no tuvieron una sólida capitalización: fueron negocios que se echaron a andar con capital de papel (dinero prestado) y de saliva (mediante acuerdos verbales).
Esto originó que a la postre, la crisis bancaria fuese más grave y profunda de lo que hubiese sido si en la reprivatización de la misma no hubiera existido corrupción, tráfico de influencias y favoritismos.
Al final, lo más preocupante es que quien sentó las bases para generar una década perdida sea ahora quien elogia a Felipe Calderón y a su reforma energética.
Para cuatro empresas, 82.2% del crudo que México exporta a EU
Publicado PERIÓDICO “LA JORNADA” México. 18 de mayo de 2008.
Valero, ExxonMobil, Chevron y Shell; otros clientes son Conoco, Marathon y Citgo
■ Según la AIE, el país provee 15.6% del suministro: 575 millones 501 mil barriles en 2006
■ Estados Unidos consume una cuarta parte de la demanda mundial del hidrocarburo
Israel Rodríguez J.
México incrementó en los pasados 14 años su participación como fuente de suministro confiable de petróleo al mercado estadunidense, al aumentar ese país el volumen de las importaciones de crudo mexicano de 12.7 por ciento en 1993 a 15.6 por ciento a principios del año pasado, aunque en algunos años (1996, 1997, 2002 y 2003) su aportación fue mayor a 16 por ciento, según revelan los más recientes informes de la Administración de Información de Energía (AIE) de Estados Unidos.
De esta manera, las importaciones de crudo mexicano por parte de Estados Unidos pasó de un acumulado en 1993 de 314 millones 961 mil barriles a 575 millones 501 mil barriles en todo 2006.
Solamente en 2006, Estados Unidos importó 10 millones 127 mil barriles diarios de petróleo, siendo los principales proveedores Canadá, México, Arabia Saudita, Venezuela y Nigeria, que en conjunto contribuyeron con 68.7 por ciento del total.
De los 10 millones 127 mil barriles diarios que Estados Unidos compró en el exterior, Canadá le vendió un millón 633 mil barriles al día; México, un millón 556 mil; Arabia Saudita, un millón 445 mil; Venezuela, un millón 241 mil y Nigeria un millón 77 mil barriles por día.
Otros países que son proveedores de crudo a Estados Unidos, pero con una menor proporción son Irak, Angola, Ecuador, Argelia, Kuwait, Reino Unido, Rusia, Colombia, Gabón, Noruega, Brasil, Chad, Guinea Ecuatorial, Trinidad y Tobago y Argentina, entre otros.
De acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), con base en datos de la AIE, en 2006 las importaciones de petróleo mexicano en el mercado estadunidense sumaron 575 millones 501 mil barriles. Las principales empresas importadoras de petróleo mexicano son Valero Marketing & Supply Co, ExxonMobil Oil Corp, Chevron USA Inc y Shell Oil Co Deer Park, que en conjunto participaron con 475 millones 756 mil barriles de crudo, equivalentes a 82.2 por ciento del total de las importaciones en 2006.
Otros clientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Estados Unidos son: ConocoPhillips, Marathon Petroleum; Citgo Petroleum, Flint Hills Resource, Hunt Crude Oil Supply, Chalmette Refining, Tesoro Petroleum, Lyondell-Citgo Refining, Trigeant y Glencore.
En promedio, durante el periodo 1993-2006, la participación de México en la oferta mundial de petróleo crudo se ubicó en 4.6 por ciento anual. Sin embargo, en los últimos cuatro años su participación muestra una tendencia a la baja, al pasar de 4.8 por ciento en 2003 a 4.4 por ciento en 2006.
En ese año, la demanda mundial de petróleo se ubicó en 84 millones 453 mil 700 barriles diarios. Estados Unidos consumió casi una cuarta parte de la demanda mundial de petróleo, es decir, 20 millones 588 mil barriles diarios. Ese país es el principal consumidor de petróleo en el mundo con 24.4 por ciento del total, seguido por China, con 8.6 por ciento, y Japón, con 6.1 por ciento.
México ocupa el onceavo lugar mundial como consumidor de petróleo crudo, al utilizar 2.4 por ciento de la demanda total, equivalente a un millón 997 mil barriles diarios durante 2006.
En ese mismo año, la producción mundial de crudo ascendió a 84 millones 632 mil 100 barriles al día. Arabia Saudita con el 12.6 por ciento; Rusia, 11.4, y Estados Unidos, 9.9 por ciento. En conjunto estos países contribuyen con 33.9 por ciento de la producción total.
México ocupa el sexto lugar mundial como productor de petróleo crudo, al contribuir con 4.4 por ciento de la oferta total en 2006.
sábado, 17 de mayo de 2008
jueves, 15 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
Distribución de poder de los Partidos en la Cámara de Diputados
A PARTIR DE LA POLÍTICA DE ALIANZAS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDEN INTEGRAR UNA MAYORÍA PARLAMENTARIA, CON CAPACIDAD DE HACER MODIFICACIONES DE FONDO A LA CONSTITUCIÓN, ES EL CASO DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL QUE CONVIRTIÓ AL EJIDO EN PROPIEDAD PRIVADA.
viernes, 9 de mayo de 2008
Peligra la soberanía ante el proyecto sobre Pemex.
Periódico La Jornada. México. 9 de mayo 2008. El petróleo es el sustento fiscal de México, señala el ex rector e investigador de la UNAM.
■ “Lo que está haciendo éste... cómo se llama... Calderón, es romper con las historias de nuestras luchas”
■ La entrega de la paraestatal es una gigantesca operación de despojo, sostiene Gilly
Patricia Muñoz Ríos
El ex rector, catedrático e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo González Casanova, planteó ayer que si el Estado mexicano se queda sin los recursos petroleros habría graves implicaciones económicas y sociales para el país, ya que Pemex aporta 40.8 por ciento del total de los ingresos fiscales de la nación, y alertó que, además de ello, se cierne el peligro de que el proyecto de Felipe Calderón rompa toda la historia anterior de lucha por la soberanía, en la que se habían logrado victorias muy importantes de expropiación.
El también escritor habló ayer en una mesa sobre Pensamiento latinoamericano y luchas sociales en América Latina, del Coloquio Latinoamericano organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, donde además participó el historiador Adolfo Gilly, quien planteó que “la entrega de Pemex” es una gigantesca operación de despojo, la culminación de un proyecto de desmantelamiento de las defensas estructurales que protegían la soberanía del país.
En el foro se habló de las luchas políticas, económicas y sociales de América Latina y la inserción de la batalla por el petróleo en este contexto.
Gónzalez Casanova advirtió que el petróleo es el sustento fiscal de México, ya que las grandes empresas escatiman y no entregan la renta tributaria al Estado. Hizo ver que lo que está haciendo aquí “cómo se llama... éste... Calderón”, es que está “rompiendo con las historias de luchas que habíamos logrado como país”.
Planteó que en defensa de los proyectos del gobierno también se está haciendo una “labor de expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”, y el arte de mentir ha adquirido unas proporciones extraordinarias. “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población.
Además, “se califica de terrorista a aquel que se opone a las políticas”, hasta a las universidades se les tacha de “terroristas y nos lo vienen a decir en nuestra propia cara”, y esto porque se quiere criminalizar el disentir, señaló el catedrático emérito, y expuso que ahora está en desuso hasta el derecho, pues lo usan sólo para legitimar lo ilegítimo, cuando “siempre hemos luchado por el derecho en América Latina y esta es una de las características de toda las revoluciones de independencia”.
En el concurrido foro, Adolfo Gilly presentó un escrito titulado Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex, en el que plantea que la operación en curso para privatizar la paraestatal “trata de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano sobre el Estado nacional y de integrar ese Estado como vecino y socio menor subordinado”.
El proyecto de entregar el petróleo, según explicó, restructura las relaciones del Estado mexicano con su pueblo y con la potencia vecina y sus planes geoestratégicos; y forma parte del plan de las tres áreas de dominación de Estados Unidos sobre México, que son: Tratado de Libre Comercio, ASPAN e Iniciativa Mérida, “los tres estatutos claves de la subordinación económica, militar y política”.
Tratan de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía e independencia de la nación; es una gigantesca operación de despojo en la que Pemex es la culminación de ese proceso. Por ello, se necesita un movimiento más fuerte, más grande que el que encabeza Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la batalla por la defensa del petróleo, porque tratan de quitar la pieza central de las finanzas mexicanas desde hace 70 años, que es Pemex, para mandarla “al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el ex convento de Churubusco y la carroza de Juárez” , apuntó Gilly.
El catedrático evidenció que el bando neoliberal está unificado por el debilitado poder presidencial, el poder financiero y el eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus “cabecitas parlantes”. Preguntó cómo poner en el centro del debate el tema y hacer que esto mueva a la acción y a la convergencia.
Cuando se queden con el petróleo, alertó, van a ir por más; por ejemplo, van a intentar el vuelco a “colombianizar” el Ejército Mexicano para ligarlo con el de Estados Unidos. “Díaz Ordaz usó al Ejército para masacrar, pero no se puso la gorrita y la chaqueta que le queda grande; era gente malvada, pero seria”, remató.
En el foro también participó Horacio Cerrutti, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, quien dijo que la reacción de la derecha en toda la región se ha conformado en una acción articulada, e hizo ver cómo en toda la zona se han estigmatizado las acciones gubernamentales populistas. Sobre el caso de Bolivia habló Ricardo Melgar, investigador del Instituto de Antropología e Historia, quien desmenuzó toda la andanada oligárquica que se ha orquestado dentro de ese país y en la región misma contra el gobierno del presidente Evo Morales.
viernes, 2 de mayo de 2008
jueves, 1 de mayo de 2008
Capos mexicanos y su interminable juego de monopolios
Periódico La Jornada. México D. F. a 30 de abril de 2008. Opinión. Carlos Fernández-Vega: México SA
El reclamo, advertencia u observación de los estudiantes y maestros del Tec de Monterrey a la secretaria de Energía, Georgina Kessel, subraya, de forma precisa y concisa, una de las principales razones por las que debe rechazarse la “reforma” petrolera privatizadora del inquilino de Los Pinos, más allá de las violaciones constitucionales en ella implícitas.
En la Sultana del Norte, cuna de uno de los grupos económico-políticos más poderosos del país, a su vez fundador y mecenas del Tec, los estudiantes y maestros de esa institución educativa lo plantearon de la siguiente manera: “no queremos que Petróleos Mexicanos se convierta en un monopolio privado; no queremos otro Slim petrolero” (La Jornada, David Carrizales).
No es requisito ser vidente para adelantar el futuro de la industria petrolera nacional, y en manos de quiénes quedaría, en caso de prosperar la intentona privatizadora presentada por el inquilino de Los Pinos. Sería el mismo de otros sectores otrora estratégicos, “desincorporados” a manos privadas por los cuatro gobiernos precedentes al de la “continuidad”, y entregados a los “Slims” que desde entonces acaparan y controlan la actividad económica en el país.
Sin duda, Carlos Slim es el más exitoso de ellos (con un monopolio como Telmex, un mercado cautivo como el nacional y un gobierno como el mexicano, difícilmente alguien podría fracasar en un negocio como este), pero no es el único, aunque tampoco son muchos. A la vieja usanza de las famiglias mafiosi, en México los “Slims” se han repartido el gran pastel de la actividad económica, y, como aquellas, cuentan con su propia Comisión, que para este caso se bautizó como Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, fundado en 1962 e integrado por 37 capos que de todas, han ganado todas. De allí se ramifican otras organizaciones (reales y de membrete) de menor peso, por medio de las cuales se extienden, en el ámbito de los negocios y la política, los tentáculos de las famiglias.
Allá, los Bonanno, Genovese, Gambino, Colombo y Lucchese; aquí los Slim, Azcárraga, Hernández, Zambrano, Sada, Garza Lagüera, Bours, Larrea, Bailleres, Arango, Aramburuzavala, Fernández, Salinas Pliego, González, Saba, Harp, Servitje y algunas pocas más (extranjeras incluidas) que concentran prácticamente todo: de la telefonía fija y móvil, a los medios electrónicos de comunicación, pasando por líneas áreas, aeropuertos, medicina privada, minería, ingenios azucareros, construcción, refrescos, cerveza, carreteras, acero, satélites, alimentos, cemento, ferrocarriles, tortilla, pan industrializado, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, exenciones fiscales, “rescates”, “apoyos”, “subsidios” y lo que se quede en el tintero.
Son los capos de sus sectores, lo que no los nulifica para integrarse en negocios comunes. Tiempo atrás, en este espacio hicimos el siguiente ejercicio (la telaraña es un cuento de hadas) como ejemplo, no como resumen: Cemex (tercero en el ranking internacional) es el monopolio del cemento en México y su cabeza visible es Lorenzo Zambrano, quien también es accionista de Televisa, otra de las involucradas en el festín fiscal, que preside Emilio Azcárraga, empresario presente en Teléfonos de México, de Carlos Slim, magnate que a su vez forma parte del consejo de administración de Televisa, consorcio en el que tenía asiento María Asunción Aramburuzavala, del Grupo Modelo, del duopolio cervecero en el país, en el que sobresale Valentín Díez Morodo, a su vez participante en el consejo de administración de Kimberly Clark, que preside Claudio X. González Laporte, éste con asiento permanente en Teléfonos de México y Televisa, emporio en el que aparece Germán Larrea, cabeza del Grupo México (el de Pasta de Conchos), consorcio en el que también participan Claudio X. González Laporte y Valentín Díez Morodo, todos ellos beneficiarios de la reprivatización de Banamex, del Fobaproa, de la extranjerización de esa institución financiera y, obvio es, de la elusión fiscal realizada a la hora de venderla a Citigroup por medio de la Bolsa Mexicana de Valores, en la que todas las empresas citadas participan.
Lo anterior, como muestra del banquete y de cómo se benefician no sólo en el consorcio que cada empresario preside, sino en el circuito de “negocios” en el que participan.
Slim acapara 94 por ciento de la telefonía fija en el país y 75 por ciento de todo el sector, cuando se incluye la telefonía móvil; Lorenzo Zambrano, 90 por ciento de la producción y el mercado del cemento; Germán Larrea y su Grupo México concentran 95 por ciento de la explotación y comercialización de cobre; Alberto Bailleres y Peñoles tienen el monopolio de la plata; la siempre pía familia Servitje, con Bimbo, el del pan industrializado (y un porcentaje interesante del otro PAN); el grupo cervecero Modelo, con Carlos Fernández González como cabeza visible, controla 65 por ciento del mercado nacional; FEMSA, de Eugenio Garza Lagüera, se queda con el otro 35 por ciento del mercado cervecero, pero controla más de 60 por ciento del mercado refresquero nacional; Televisa y su accionista mayoritario, Emilio Azcárraga Jean, concentra 70 por ciento de la televisión abierta en el país y una parte creciente de la televisión restringida; la banca extranjera, 90 por ciento del sistema “nacional” de pagos. Y así por el estilo, en el selecto cuan anticonstitucional juego del monopolio en México.
¿En manos de quiénes quedaría la industria petrolera nacional, más allá de las trasnacionales energéticas? En las mismas en las que quedó el grueso de las más rentables paraestatales privatizadas en los últimos cinco lustros, con el consabido resultado: privatización de ganancias, socialización de pérdidas; mayor concentración del ingreso y la riqueza; elevadísimos precios y tarifas y raquítico “crecimiento” económico.
Entonces, no más “Slims”. Menos en la industria petrolera nacional.
Las rebanadas del pastel:
Si de atracos se trata, 205 mil millones de pesos fue el rendimiento de Pemex en el primer trimestre de 2008, 61 por ciento más que un año atrás, pero llegó Hacienda y se quedó con 98.5 por ciento… Un enorme beso para PVV.
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