martes, 29 de abril de 2008
La expropiación de la industria petrolera I
Periódico La Jornada. México D. F. a 28 de abril de 2008. Opinión. Gonzalo Martínez Corbalá: La expropiación de la industria petrolera I.
México no hacía otra cosa en 1938 que seguir los cauces normales por los que otros pueblos del mundo habrían de seguir, y por los que finalmente todos los países sometidos a un régimen colonial seguirían con el tiempo.
Se presentaban con mucha claridad dos fenómenos políticos, sociales y económicos que han convergido en diversas partes del mundo, forjando cauces libertarios desde entonces y hasta ahora ininterrumpidamente, tratándose de conciliar el derecho a la libre autodeterminación con la interdependencia entre las naciones. Este fenómeno histórico tan complejo ha marcado de muchas maneras y en diferentes medidas, los cauces por los que se han canalizado las luchas libertarias en todo el planeta, y México, como es natural, no ha podido sustraerse a esta tendencia del proceso evolutivo de todo el mundo.
A fines del siglo XIX y principios del XX empezó a considerarse la importancia del petróleo en su uso como fuente de energía en la industria en general, y muy especialmente en los ferrocarriles y en los barcos, y aun cuando hubo algunos intentos previos llevados a cabo por mexicanos para establecer la explotación de los yacimientos descubiertos en el sur de Veracruz, en Tabasco y en el istmo de Tehuantepec, no tuvieron éxito y fueron los extranjeros Edward Doheny y Weetman Pearson quienes lograron establecer las primeras explotaciones a gran escala al amparo del Código Minero de 1884, y las leyes de 1892 y 1901.
El Código Minero de 1884 vino a terminar con el principio del dominio del subsuelo expresado terminantemente en las ordenanzas de Aranjuez, publicadas por Carlos III el 22 de mayo de 1783, que fueron la primera legislación minera dictada para México, habiendo estado vigente precisamente hasta 1884, pues los gobiernos del México independiente adoptaron también esta legislación que, dicho sea de paso, en 1938 habría de ser la fundamentación de casi todos los alegatos jurídicos que se llevaron a cabo contra la expropiación petrolera y sobre la propiedad del subsuelo.
Toca en suerte al régimen de Porfirio Díaz sentar las bases de los orígenes de la industria petrolera, y lo hizo renunciando al principio del ejercicio de soberanía, dando en propiedad el subsuelo a los superficiarios, concediendo exenciones de impuestos para la importación de los equipos necesarios, así como para la exportación de petróleo y con toda clase de complacencias para con las compañías extranjeras.
El Estado no percibía entonces ningún beneficio con las explotaciones que se iniciaron a principios del siglo XX, concediendo a favor de las compañías extranjeras una especie de extraterritorialidad. Socialmente, el país tampoco recibía beneficio alguno, ya que los convenios de trabajo impuestos a los obreros propiamente eran de servidumbre.
Así pues, Díaz sentó bases firmes sobre las que posteriormente habría de nacer un gran imperio económico extranjero que debía de ser quizás el mayor problema que tuvo el país para realizar su emancipación política y económica, constituyéndose como un Estado dentro del Estado, con un poderío económico y político al que ni siquiera la lucha armada revolucionaria había afectado, pues durante todo este periodo habían sido sostenidas por las fuerzas militares bajo el mando del general Peláez, que las protegió en sus bienes y personas.
Tenían también a su servicio las tristemente célebres guardias blancas, de las que se valían para manejar a los empleados mexicanos a punta de bayoneta, y para conservar la autoridad de hecho sobre las extensas zonas que dominaban, y llegaban incluso a controlar los caminos de las zonas petroleras, por los que solamente podían transitar personas gratas a ellas.
Pronto se planteó el problema serio de orden internacional, motivado por las compañías petroleras. El presidente Madero creó el primer impuesto llamado “del timbre” para gravar la producción del petróleo en tres centavos por barril.
En 1911, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson se quejó ante el gobierno –en nombre de las compañías– de que el impuesto resultaba demasiado alto. Así quedaba establecida la costumbre que había de acarrear muchos y muy grandes problemas al país: la intervención diplomática para proteger los intereses de extranjeros, y que desde ese momento el gobierno mexicano no podría ejercer libremente actos elementales de soberanía nacional sin encontrarse con las limitaciones que los gobiernos extranjeros le impondrían, las cuales en muchos casos debían ser definitivas y terminantes, como veremos más adelante a consecuencia del fuerte grado de dependencia que subyacía en nuestras relaciones con otros países.
En junio de 1912 se volvió a expedir otro decreto aumentando los impuestos, y en septiembre del mismo año el embajador Wilson envió la siguiente nota al secretario de Relaciones Exteriores de México:
“El gobierno de Estados Unidos desea hacer saber al presente gobierno de México que con la consiguiente sorpresa y natural recelo ha sido informado de ciertas partes… al parecer influidas por la avaricia y por la mal querencia a las empresas estadunidenses a consecuencia de su nacionalidad, están… persiguiendo y robando a dichas empresas en cada oportunidad favorable que se les presenta. La Associated Press ha sido molestada repetidas veces por las innecesarias y enojosas restricciones de las cuales no puede hacerse completamente responsable al gobierno…Las empresas petroleras norteamericanas de la región de Tampico presentan pruebas indudables de que están siendo gravadas con impuestos casi insoportables… El gobierno de Estados Unidos se ve obligado a insistir en que cese inmediatamente esta persecución que prácticamente equivale a la confiscación, y espera recibir del gobierno mexicano la seguridad inmediata de que pronto se hará esto”.
Cerca ya de conmemorar los dos siglos de distancia histórica de la Independencia y a uno de la Revolución Mexicana, conviene darle una ojeada a la historia de la expropiación petrolera, a lo que la hizo posible, a los obstáculos que se interpusieron para que ese hombre de gran visión que fue el general Lázaro Cárdenas la llevara a cabo, y luego también a las circunstancias que exigieron su realización, planteándose en 1938 la disyuntiva histórica de mantener la subordinación política a las grandes potencias industriales de entonces o de hacer realidad de una vez por todas los objetivos que se planteó la Independencia de 1810, así como cristalizar los compromisos sociales de la gesta revolucionaria de 1910 a 1917, fecha en que se concretan en la Constitución de Querétaro los anhelos que el pueblo en armas exigía después de que había corrido la sangre de millón y medio de compatriotas sobre suelo mexicano.
México no hacía otra cosa en 1938 que seguir los cauces normales por los que otros pueblos del mundo habrían de seguir, y por los que finalmente todos los países sometidos a un régimen colonial seguirían con el tiempo.
Se presentaban con mucha claridad dos fenómenos políticos, sociales y económicos que han convergido en diversas partes del mundo, forjando cauces libertarios desde entonces y hasta ahora ininterrumpidamente, tratándose de conciliar el derecho a la libre autodeterminación con la interdependencia entre las naciones. Este fenómeno histórico tan complejo ha marcado de muchas maneras y en diferentes medidas, los cauces por los que se han canalizado las luchas libertarias en todo el planeta, y México, como es natural, no ha podido sustraerse a esta tendencia del proceso evolutivo de todo el mundo.
A fines del siglo XIX y principios del XX empezó a considerarse la importancia del petróleo en su uso como fuente de energía en la industria en general, y muy especialmente en los ferrocarriles y en los barcos, y aun cuando hubo algunos intentos previos llevados a cabo por mexicanos para establecer la explotación de los yacimientos descubiertos en el sur de Veracruz, en Tabasco y en el istmo de Tehuantepec, no tuvieron éxito y fueron los extranjeros Edward Doheny y Weetman Pearson quienes lograron establecer las primeras explotaciones a gran escala al amparo del Código Minero de 1884, y las leyes de 1892 y 1901.
El Código Minero de 1884 vino a terminar con el principio del dominio del subsuelo expresado terminantemente en las ordenanzas de Aranjuez, publicadas por Carlos III el 22 de mayo de 1783, que fueron la primera legislación minera dictada para México, habiendo estado vigente precisamente hasta 1884, pues los gobiernos del México independiente adoptaron también esta legislación que, dicho sea de paso, en 1938 habría de ser la fundamentación de casi todos los alegatos jurídicos que se llevaron a cabo contra la expropiación petrolera y sobre la propiedad del subsuelo.
Toca en suerte al régimen de Porfirio Díaz sentar las bases de los orígenes de la industria petrolera, y lo hizo renunciando al principio del ejercicio de soberanía, dando en propiedad el subsuelo a los superficiarios, concediendo exenciones de impuestos para la importación de los equipos necesarios, así como para la exportación de petróleo y con toda clase de complacencias para con las compañías extranjeras.
El Estado no percibía entonces ningún beneficio con las explotaciones que se iniciaron a principios del siglo XX, concediendo a favor de las compañías extranjeras una especie de extraterritorialidad. Socialmente, el país tampoco recibía beneficio alguno, ya que los convenios de trabajo impuestos a los obreros propiamente eran de servidumbre.
Así pues, Díaz sentó bases firmes sobre las que posteriormente habría de nacer un gran imperio económico extranjero que debía de ser quizás el mayor problema que tuvo el país para realizar su emancipación política y económica, constituyéndose como un Estado dentro del Estado, con un poderío económico y político al que ni siquiera la lucha armada revolucionaria había afectado, pues durante todo este periodo habían sido sostenidas por las fuerzas militares bajo el mando del general Peláez, que las protegió en sus bienes y personas.
Tenían también a su servicio las tristemente célebres guardias blancas, de las que se valían para manejar a los empleados mexicanos a punta de bayoneta, y para conservar la autoridad de hecho sobre las extensas zonas que dominaban, y llegaban incluso a controlar los caminos de las zonas petroleras, por los que solamente podían transitar personas gratas a ellas.
Pronto se planteó el problema serio de orden internacional, motivado por las compañías petroleras. El presidente Madero creó el primer impuesto llamado “del timbre” para gravar la producción del petróleo en tres centavos por barril.
En 1911, el embajador estadunidense Henry Lane Wilson se quejó ante el gobierno –en nombre de las compañías– de que el impuesto resultaba demasiado alto. Así quedaba establecida la costumbre que había de acarrear muchos y muy grandes problemas al país: la intervención diplomática para proteger los intereses de extranjeros, y que desde ese momento el gobierno mexicano no podría ejercer libremente actos elementales de soberanía nacional sin encontrarse con las limitaciones que los gobiernos extranjeros le impondrían, las cuales en muchos casos debían ser definitivas y terminantes, como veremos más adelante a consecuencia del fuerte grado de dependencia que subyacía en nuestras relaciones con otros países.
En junio de 1912 se volvió a expedir otro decreto aumentando los impuestos, y en septiembre del mismo año el embajador Wilson envió la siguiente nota al secretario de Relaciones Exteriores de México:
“El gobierno de Estados Unidos desea hacer saber al presente gobierno de México que con la consiguiente sorpresa y natural recelo ha sido informado de ciertas partes… al parecer influidas por la avaricia y por la mal querencia a las empresas estadunidenses a consecuencia de su nacionalidad, están… persiguiendo y robando a dichas empresas en cada oportunidad favorable que se les presenta. La Associated Press ha sido molestada repetidas veces por las innecesarias y enojosas restricciones de las cuales no puede hacerse completamente responsable al gobierno…Las empresas petroleras norteamericanas de la región de Tampico presentan pruebas indudables de que están siendo gravadas con impuestos casi insoportables… El gobierno de Estados Unidos se ve obligado a insistir en que cese inmediatamente esta persecución que prácticamente equivale a la confiscación, y espera recibir del gobierno mexicano la seguridad inmediata de que pronto se hará esto”.
La expropiación de la industria petrolera II
Periódico La Jornada. México D. F. a 28 de abril de 2008. Opinión. Gonzalo Martínez Corbalá: La expropiación de la industria petrolera II.
El embajador llegó a amenazar al presidente Francisco I. Madero con el desembarco de marinos estadunidenses en suelo mexicano, cosa que éste informó al presidente William Taft en telegrama del 15 de febrero de 1913.
En esa época, la deuda exterior del gobierno mexicano fue también un serio problema que daba a los gobiernos acreedores una condición de preponderancia muy especial; en el informe que el presidente Venustiano Carranza daba a la Cámara de Diputados en 1919 estimaba ésta en 949 millones 276 mil 26 dólares con 78 centavos, cifra que los observadores consideraban tosca y baja.
Los principales conceptos que originaron la deuda fueron: empréstitos para la construcción de ferrocarriles, ocupación de éstos y de otras empresas de servicios públicos durante el movimiento armado; reclamaciones de daños causados en el mismo periodo, y adeudos a los bancos por incautación de reservas metálicas.
Alguna vez se condicionó el reconocimiento del gobierno de Carranza a que éste aceptara la ayuda de Francia, Inglaterra y Estados Unidos para resolver sus problemas financieros internacionales.
Los ingresos del gobierno mexicano, por otra parte, habían descendido notablemente a consecuencia del movimiento armado y de los nuevos conceptos que sobre la propiedad privada habían sido expresados ya por los dirigentes de la revolución. El presidente Carranza intentó en 1917 recaudar un impuesto especial para la producción de petróleo crudo y sus derivados, así como para los pozos de gas. La recaudación tuvo poco éxito debido a la negativa de las compañías para cumplir con los decretos correspondientes, y en enero de 1918 el presidente fue autorizado para ocupar los yacimientos militarmente, pero las protestas de Estados Unidos e Inglaterra lo obligaron a cancelar las órdenes respectivas. Un mes más tarde, Carranza expide el primer decreto reglamentando el artículo 27 de la Constitución.
Dice al respecto Merril Rippy en su bien documentado estudio El petróleo y la Revolución Mexicana: “el artículo 27 había de convertirse a partir de entonces, y durante toda una generación, en punto focal alrededor del cual lucharon, no siempre en la sala de los tribunales de justicia, las opiniones contrapuestas del gobierno y de los intereses económicos”. El artículo 27, uno de los más trascendentes de la Constitución de 1917, tenía gran tradición histórica y arraigo en el país; desde la primera legislación minera, dictada especialmente para México, las Ordenanzas del Tribunal General de la Minería de la Nueva España, en el título 5º, artículo 1º, se dice: “las minas son propiedad de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como su reunión dispuesta en la Ley 4, título 13, libro 6º de la nueva recopilación”. Dice más adelante: “sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión”, y en el párrafo 22, habla también de que quedan comprendidos “los vitúmenes con jugos de la tierra”, refiriéndose sin duda alguna al petróleo.
Parece mentira que esta legislación y la del mismo Maximiliano de Habsburgo, durante la dominación francesa, fueran más favorables para la nación que la que el régimen de Porfirio Díaz implantó a partir del Código de 1884, a través de El Manco González.
Otros sistemas jurídicos, como los de Puerto Rico y de las Filipinas, después de ser adquiridos por Estados Unidos, entregaron a la nación la propiedad sobre tierras y aguas y, sin embargo, en 1916, el New York Times publicó: “los inversionistas estadunidenses, cuyas propiedades valen de 3 a 4 mil millones de dólares, deberán ser protegidos mediante la intervención o anexión de México”.
Ahora bien, aun cuando la promulgación misma del artículo 27 causó una violenta reacción entre los intereses afectados, no solamente de los extranjeros, sino aun de muchos compatriotas conservadores, quizás la posibilidad de su aplicación retroactiva ha sido más debatida todavía, recurriendo a virtuosismos jurídicos interminables. Sin embargo, la tesis más comúnmente aceptada es que cuando la ley es de interés público se admite el principio de retroactividad. Se acepta también que, especialmente las constituciones producto de una revolución, han de ser necesariamente retroactivas, ya que éstas se crean precisamente para enmendar una situación jurídica que no interpreta el sentir y las necesidades del pueblo que se gobierna. De nada o de muy poco serviría escribir una nueva Constitución si no fuera a modificar las situaciones creadas por la anterior que, como queda dicho más arriba, fijaron las condiciones para generar una Revolución.
Ante el cúmulo de reclamaciones que diversos gobiernos formulaban en favor de sus súbditos, el de México se defendió con una muy importante tesis, estipulando que los extranjeros debían reconocer a los tribunales mexicanos y no formular reclamaciones diplomáticas de sus gobiernos, quedando así en igualdad de condiciones con el tratamiento que reciben los mexicanos residentes en el extranjero.
El 19 de febrero de 1918 se hizo la primera tentativa para hacer cumplir el artículo 27, gravando esta vez con impuestos los contratos sobre tierras y petróleo. Nuevamente no se hicieron esperar las protestas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y también se presentó la negativa de las compañías a aceptar el cumplimiento de los decretos. El gobierno mexicano se vio obligado, una vez más, a ser benevolente con las compañías.
Las experiencias correspondientes demostraron que en nuestro país los problemas de relaciones internacionales eran directamente proporcionales al monto de los impuestos de las compañías extranjeras.
El presidente Carranza expresaba ante el Congreso de la Unión el primero de septiembre de 1918: “todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus leyes, sus instituciones y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma, y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención”.
El artículo de la entrega anterior (La Jornada, 31/3/08) recoge la nota de septiembre de 1912 que el embajador Henry Lane Wilson envió al secretario de Relaciones Exteriores de México, en la que al final señala que “Estados Unidos se ve obligado a insistir en que cese inmediatamente esta persecución (se refiere a los impuestos por decreto de junio de 1912) que prácticamente equivale a confiscación, y espera recibir del gobierno mexicano la seguridad inmediata de que pronto se hará esto”.
El embajador llegó a amenazar al presidente Francisco I. Madero con el desembarco de marinos estadunidenses en suelo mexicano, cosa que éste informó al presidente William Taft en telegrama del 15 de febrero de 1913.
En esa época, la deuda exterior del gobierno mexicano fue también un serio problema que daba a los gobiernos acreedores una condición de preponderancia muy especial; en el informe que el presidente Venustiano Carranza daba a la Cámara de Diputados en 1919 estimaba ésta en 949 millones 276 mil 26 dólares con 78 centavos, cifra que los observadores consideraban tosca y baja.
Los principales conceptos que originaron la deuda fueron: empréstitos para la construcción de ferrocarriles, ocupación de éstos y de otras empresas de servicios públicos durante el movimiento armado; reclamaciones de daños causados en el mismo periodo, y adeudos a los bancos por incautación de reservas metálicas.
Alguna vez se condicionó el reconocimiento del gobierno de Carranza a que éste aceptara la ayuda de Francia, Inglaterra y Estados Unidos para resolver sus problemas financieros internacionales.
Los ingresos del gobierno mexicano, por otra parte, habían descendido notablemente a consecuencia del movimiento armado y de los nuevos conceptos que sobre la propiedad privada habían sido expresados ya por los dirigentes de la revolución. El presidente Carranza intentó en 1917 recaudar un impuesto especial para la producción de petróleo crudo y sus derivados, así como para los pozos de gas. La recaudación tuvo poco éxito debido a la negativa de las compañías para cumplir con los decretos correspondientes, y en enero de 1918 el presidente fue autorizado para ocupar los yacimientos militarmente, pero las protestas de Estados Unidos e Inglaterra lo obligaron a cancelar las órdenes respectivas. Un mes más tarde, Carranza expide el primer decreto reglamentando el artículo 27 de la Constitución.
Dice al respecto Merril Rippy en su bien documentado estudio El petróleo y la Revolución Mexicana: “el artículo 27 había de convertirse a partir de entonces, y durante toda una generación, en punto focal alrededor del cual lucharon, no siempre en la sala de los tribunales de justicia, las opiniones contrapuestas del gobierno y de los intereses económicos”. El artículo 27, uno de los más trascendentes de la Constitución de 1917, tenía gran tradición histórica y arraigo en el país; desde la primera legislación minera, dictada especialmente para México, las Ordenanzas del Tribunal General de la Minería de la Nueva España, en el título 5º, artículo 1º, se dice: “las minas son propiedad de mi Real Corona, así por su naturaleza y origen, como su reunión dispuesta en la Ley 4, título 13, libro 6º de la nueva recopilación”. Dice más adelante: “sin separarlas de mi Real Patrimonio, las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión”, y en el párrafo 22, habla también de que quedan comprendidos “los vitúmenes con jugos de la tierra”, refiriéndose sin duda alguna al petróleo.
Parece mentira que esta legislación y la del mismo Maximiliano de Habsburgo, durante la dominación francesa, fueran más favorables para la nación que la que el régimen de Porfirio Díaz implantó a partir del Código de 1884, a través de El Manco González.
Otros sistemas jurídicos, como los de Puerto Rico y de las Filipinas, después de ser adquiridos por Estados Unidos, entregaron a la nación la propiedad sobre tierras y aguas y, sin embargo, en 1916, el New York Times publicó: “los inversionistas estadunidenses, cuyas propiedades valen de 3 a 4 mil millones de dólares, deberán ser protegidos mediante la intervención o anexión de México”.
Ahora bien, aun cuando la promulgación misma del artículo 27 causó una violenta reacción entre los intereses afectados, no solamente de los extranjeros, sino aun de muchos compatriotas conservadores, quizás la posibilidad de su aplicación retroactiva ha sido más debatida todavía, recurriendo a virtuosismos jurídicos interminables. Sin embargo, la tesis más comúnmente aceptada es que cuando la ley es de interés público se admite el principio de retroactividad. Se acepta también que, especialmente las constituciones producto de una revolución, han de ser necesariamente retroactivas, ya que éstas se crean precisamente para enmendar una situación jurídica que no interpreta el sentir y las necesidades del pueblo que se gobierna. De nada o de muy poco serviría escribir una nueva Constitución si no fuera a modificar las situaciones creadas por la anterior que, como queda dicho más arriba, fijaron las condiciones para generar una Revolución.
Ante el cúmulo de reclamaciones que diversos gobiernos formulaban en favor de sus súbditos, el de México se defendió con una muy importante tesis, estipulando que los extranjeros debían reconocer a los tribunales mexicanos y no formular reclamaciones diplomáticas de sus gobiernos, quedando así en igualdad de condiciones con el tratamiento que reciben los mexicanos residentes en el extranjero.
El 19 de febrero de 1918 se hizo la primera tentativa para hacer cumplir el artículo 27, gravando esta vez con impuestos los contratos sobre tierras y petróleo. Nuevamente no se hicieron esperar las protestas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y también se presentó la negativa de las compañías a aceptar el cumplimiento de los decretos. El gobierno mexicano se vio obligado, una vez más, a ser benevolente con las compañías.
Las experiencias correspondientes demostraron que en nuestro país los problemas de relaciones internacionales eran directamente proporcionales al monto de los impuestos de las compañías extranjeras.
El presidente Carranza expresaba ante el Congreso de la Unión el primero de septiembre de 1918: “todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupulosamente sus leyes, sus instituciones y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma, y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención”.
La expropiación de la industria petrolera III
Periódico La Jornada. México D. F. a 28 de abril de 2008. Opinión. Gonzalo Martínez Corbalá: La expropiación de la industria petrolera III.
Del artículo anterior (La Jornada, 14/4/08) se citan las palabras del presidente Carranza ante el Congreso de la Unión el 10 de septiembre de 1918: “todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus leyes, sus instituciones y su soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención”.
En 1920 dio inicio el periodo presidencial del presidente Álvaro Obregón, a quien se reconoce como el unificador de todas las fuerzas del México revolucionario; como a un hombre de un ideal político social avanzado y gran impulsor de la reforma agraria; pero desafortunadamente, en materia de política internacional, las circunstancias le impidieron defender nuestra soberanía nacional, pues a cambio del reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno cedió en la lucha de México por el dominio del subsuelo, así como por la aplicación retroactiva del artículo 27 en los llamados convenios de Bucareli, celebrados entre dos representantes particulares del presidente estadunidense y dos del propio Obregón, mismos que, dicho sea de paso, no estaban de ninguna manera facultados legalmente para comprometer al gobierno de México.
Se ha afirmado que si las compañías petroleras de Doheny no hubieran hecho un préstamo de 5 millones de dólares como adelanto de los impuestos que habían de pagar en 1925, quizás la rebelión de Adolfo de la Huerta no hubiera podido ser dominada por Obregón como lo hizo.
Después de las fallidas tentativas para aplicar el artículo 27 durante el régimen de Obregón, bajo el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles en 1925 se hizo un tercer esfuerzo y después de algunos tanteos del gobierno de Estados Unidos de presentar al Congreso la iniciativa para promulgar la primera Ley del Petróleo de México, el 26 de diciembre de 1925 fue aprobada finalmente. Este hecho, agregado a la nueva política exterior del general Calles, muy destacadamente al entendimiento diplomático con la URSS, y en lo interno en materia religiosa, desataron en el vecino país una enérgica campaña de prensa negativa contra México.
La mencionada ley prohibía a las sociedades de extranjeros la adquisición de bienes raíces, limitaba la magnitud de las concesiones y declaraba de utilidad pública la industria del petróleo. Daba además un plazo de un año para confirmar los derechos de las concesiones.
El presidente Calles anunció en 1927 la decisión de expropiar los terrenos petrolíferos, pero no pudo finalmente llevarla a cabo. En septiembre del mismo año, Calles informaba en su mensaje al Congreso que había una grave tirantez con el gobierno estadunidense.
Las compañías habían logrado que el embajador James Rockwell Sheffield influyera sobre el secretario de Estado, Frank B. Kellogg, para precipitar una intervención armada y, ya cuando el gobierno de México había confirmado las noticias que había venido publicando la prensa estadunidense acerca de que ya se habían girado órdenes para que los barcos de su escuadra se movilizaran hacia los puertos de Tampico, Tuxpan y Veracruz, el presidente Calles, en un golpe de audacia descubría vía telegráfica ante el presidente Coolidge la maniobra de Kellogg y Sheffield, logrando detener por el momento la intervención armada.
Más tarde el presidente Calles transigía ante las gestiones del nuevo embajador, señor Morrow, dejando firme la posición del gobierno mexicano de que la propiedad del subsuelo pertenece a la nación.
En 1934, cuando aceptó su candidatura a la Presidencia de la República, el general Lázaro Cárdenas dijo: “consecuentemente declaro sin subterfugios que asumiré toda la responsabilidad oficial del gobierno si llego a presidirlo… Lo esencial para que puedan realizarse en su integridad los postulados sociales, de la Constitución General de la República, y las fórmulas de coordinación social contenidas en el programa de gobierno de Partido Nacional Revolucionario… consiste en que se verifique una plena interpretación revolucionaria de las leyes, por hombres que sinceramente sientan la revolución… En estos momentos de crisis, en que el derecho internacional se verá obligado a tomar orientaciones más definidas, de acuerdo con la dignidad de las naciones, es necesario que se cultiven nuestras relaciones internacionales sobre la base del afianzamiento de lazos estrechos y generosos, ya se trate de pueblos a los que nos liguen intereses de sangre y de raza o de pueblos a los cuales nos unen intereses económicos y comerciales, pues bajo estos lineamientos estaremos siempre capacitados para asumir actitudes claras que no menoscaben la dignidad nacional ni nos obliguen a falsear el espíritu de evolución social”.
En este año de 1934 durante su campaña, el general Cárdenas, pidió a los obreros obligarlo a él mismo, o a cualquier otro ciudadano que ocupara el poder, a satisfacer las necesidades del pueblo. En 1936 se estructuraba la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización que incluía a los grandes sindicatos industriales, de ferrocarriles, minería, energía eléctrica, petróleo, imprentas, ingenios, talleres, artesanos, maestros y trabajadores independientes. La CTM contaba en 1938 con 600 mil afiliados, de los cuales 15 mil prestaban sus servicios en las industrias petroleras.
En el informe anual del primero de septiembre de 1935 el general Cárdenas dijo: “la aplicación de la Ley del Petróleo de 1925, en lo que a concesiones ordinarias se refiere, ha demostrado no responder debidamente al principio fundamental del artículo 27 constitucional. En efecto, permite la incorporación de enormes extensiones de terreno sin trabajarse”. En el mismo año, el gobierno hacía notar que, mientras los impuestos en México eran de 1.82 pesos por barril de petróleo, en Estados Unidos ascendían a 4.10 pesos por barril y que las regalías que pagaban eran tres o cuatro veces más altas en ese país que en el nuestro.
Mientras tanto, en Estados Unidos había sido relecto presidente Franklin Delano Roosevelt, quien en 1933, durante la séptima Conferencia Panamericana de Montevideo, Uruguay, había anunciado la adopción de la política del “buen vecino” y en la Conferencia de Buenos Aires, celebrada tres años después, buscando reforzar la unidad interamericana ante la posibilidad de la guerra, refrendó el deseo estadunidense de adoptar el principio de no intervención, desechando la interpretación unilateral de la doctrina Monroe.
lunes, 28 de abril de 2008
Incremento en el costo de los alimentos "Agflación"
Periódico La Jornada. México D. F. a 28 de abril de 2008. Opinión. León Bendesky: Agflación
En el último año los precios de los alimentos se han incrementado alrededor de 60 por ciento, según indican los índices calculados por el Banco Mundial. A este fenómeno suele referirse ahora como agflación. El presidente de ese organismo, Robert Zoellick, ha dicho que se está creando una “tormenta perfecta” que vincula el alza de los precios del petróleo y la energía, la creciente producción de biocombustibles y la mayor demanda de comida en varios países en desarrollo, notablemente China e India. Estima, además, que la agflación podría empujar a una mayor pobreza a 100 millones de personas.
Para prevenir conflictos sociales derivados de la escasez que genera el incremento de los ingresos asociados con el rápido crecimiento económico, países productores de arroz, como India y Pakistán, han impuesto restricciones a la exportación del grano. Por otro lado, cada vez hay más protestas en contra del alza de los precios en lugares como Bengal occidental, Mauritania, Senegal y Yemen, y se extienden a otros lugares.
De modo sorprendente, el efecto del alza de los precios se da también en Estados Unidos, donde la semana pasada se racionó en algunas localidades la venta de arroz para evitar el acaparamiento. Ese país disfrutó de una inflación muy baja en los alimentos durante más de 20 años, pero ahora suben los precios del pan, la leche, los huevos y otros. El impacto que esto tiene puede medirse por el hecho de que la comida representa 13 por ciento del gasto promedio de las familias, mientras la gasolina sólo 4 por ciento. Se estima hoy que el movimiento al alza de los precios continúe cuando menos un par de años.
Si se concibe la globalización como la tendencia a convertir al mundo en una unidad de actividades interconectadas con cada vez menos restricciones impuestas por fronteras locales, puede advertirse que las distorsiones en la producción y los precios agrícolas es de carácter global.
Pero hay contrapesos relevantes a esa tendencia global. Así, la restricción a exportar productos agrícolas es una clara medida de protección para asegurar la oferta interna, mantener los precios bajos y evitar fricciones sociales internas. Sin embargo, de esa forma se exporta el conflicto político. Las fronteras siguen existiendo y operan de modo efectivo.
Los países importadores reaccionan, a su vez, con el uso de controles de precios, de subsidios a los productos del campo y con cambios en las políticas agrícolas con el fin de estimular la oferta, abatir los precios a los consumidores y evitar, igualmente, las protestas sociales.
En México, que aparece en el mapa de la turbulencia social asociada con el alza de los precios de los alimentos, se fijaron controles al precio de la tortilla el año pasado y se removieron las cuotas y tarifas a la importación de leche, maíz y azúcar. El gobierno anunció que permitirá la siembra experimental de granos modificados genéticamente y que intenta reducir el precio de los fertilizantes, esto último incluso vinculado con la propuesta de reforma energética que se debatirá en el Congreso.
En todo caso al agflación no está ausente en el mercado nacional, ya que entre marzo de 2007 y marzo de 2008 aumentaron los precios del arroz en 12 por ciento; de los aceites y grasas vegetales, 33.3; del huevo, 23.5; y del pollo entero, 11.9 por ciento. Se estima que los precios de los alimentos contribuyen entre una cuarta parte y la mitad del aumento general de la inflación.
La agflación se genera por una serie de procesos económicos y se suma a la inestabilidad prevaleciente en el terreno financiero. Obedece también a la naturaleza desigual del crecimiento del producto y de la distribución del ingreso en el mundo. No puede dejarse de lado la repercusión del cambio climático sobre las condiciones de la producción agrícola en el planeta. El caso de la sequía en Australia es ilustrativo.
Una parte del fenómeno tiene que ver con el muy debatido asunto de los biocombustibles, en particular el uso del maíz, que desvía la oferta del consumo humano y para forraje, lo que provoca tanto carestía de forma directa como indirecta, es decir, derivada del efecto sobre productos como la carne. En el Departamento de Agricultura de Estados Unidos calculan que 31 por ciento del total de la producción interna de maíz se destinará a producir etanol en la temporada 2008-09, cifra que se compara con 5 por ciento usado para ese fin en 1995-96, o bien, 10 por ciento en 2003-04. La disyuntiva que plantea la producción de alimento o de combustibles está abierta y ya es fuente de confrontación económica y social.
Este proceso de encarecimiento de los alimentos ya está en marcha y avanza rápidamente. Es imprescindible que la política agropecuaria en México atienda la situación prontamente, buscando las formas en que el alza de los precios se vuelva una oportunidad para los productores, no sólo para los más grandes. Se trata de que aumente a tiempo el abasto interno y se evite la escasez y la carestía que pueden abatirse sobre los grupos más vulnerables de la población. Una reacción tardía provocará un obstáculo adicional al magro crecimiento del producto que ni la renta petrolera podrá contener.
La renta petrolera: una polémica necesaria
Periódico La Jornada. México D. F. a 27 de abril de 2008. Opinión. José Antonio Rojas Nieto: La renta petrolera: una polémica necesaria
No. La renta petrolera sólo está constituida por el diferencial entre el costo de producción de México y el del productor de más alto costo, que produce el barril equivalente al de México, demandada por el mercado (con cierto cuidado llamémoslo marginal). Para descubrir quién es este productor marginal de más alto costo demandado por el mercado, ayuda diferenciar –muy a la manera ricardiana–, entre el precio natural del crudo y su precio de mercado.
Existe un amplio consenso entre los analistas petroleros internacionales de que la cotización actual del petróleo registra un sobreprecio especulativo de cerca de 20 dólares para el caso del WTI (un poco menos para la canasta estadunidense y para el crudo de México). Se trata de un sobreprecio que –efectivamente y de acuerdo a las razones en las que se sustenta esta especulación– puede aumentar o disminuir, incluso drásticamente.
¿De dónde sale esta idea? De otra muy simple. Si los productores de costos cercanos a 67 dólares (para el caso del West Texas Intermediate, 60 para el caso de la canasta de crudos importados por los Estados Unidos, o 50 para un crudo similar al de México), si estos productores –reitero– lanzan al mercado toda su producción, se satisfaría plenamente una demanda que en el invierno llegará a los 90 millones de barriles al día.
Es decir, un precio medio de 77 dólares para el caso del WTI, de 70 dólares para la canasta de crudos importados por los Estados Unidos o 60 para el caso de nuestra Mezcla (su precio natural, simplificando un poco) permitiría que estos productores con mayores costos, recogieran del mercado al menos –por ejemplo- 10 dólares como ganancia industrial bruta, convertida en ganancia neta luego de pagar parte de esos 10 dólares por barril a los que los financiaron y a los comercializadores.
Pero…siempre un pero, por efecto de las pujas bursátiles que hoy despliegan los fondos de pensiones y los fondos de inversión de todo el mundo, disputándose los futuros de petróleo (del gas natural, de carbón, del hierro, del estaño, del cobre, del níquel, de la naranja, del arroz, del trigo, del maíz, del la plata, del otro, en general de todas las llamadas commodities), los precios del petróleo en 2008 podrían promediar cerca de 97 dólares para el caso del WTI, 90 para la canasta de crudos importados por Estados Unidos, 80 para el caso de nuestro petróleo. Esos 20 dólares más (podrán ser más, incluso) son excedente petrolero extraordinario, en este caso especulativo.
Así (con estos números u otros similares) diferenciamos nítidamente los tres componentes del excedente petrolero total: 1) una renta petrolera, que en el caso de México sería de 45.50 dólares por barril para 2008; 2) un rendimiento industrial de 10 dólares por barril, a compartir con financieros y comercializadores; 3) y una excedente extraordinario de 19 dólares, fruto de la especulación. No debemos confundirlos. Jamás, so riesgo de administrarlos mal. Muy mal. Sumados –sólo sumados– darían lo que el gobierno llama renta petrolera. ¿Cuestión de semántica?
No sólo. Es muy riesgoso, extremadamente riesgoso, hacer planes a futuro con el excedente especulativo, que incluso puede ser negativo algún momento, y comerse parte de la ganancia industrial o –más aún– de la renta. Y más riesgoso aún, no discutir con cuidado qué hacer con este excedente especulativo, volátil, variable, incluso peligroso.
El Fondo de Estabilización Petrolera ha sido una excelente propuesta, siempre minimizada. Segundo, hay que exigir rigurosamente a Pemex Exploración y Producción (PEP), una productividad tal que le permita obtener costos que garanticen su rendimiento industrial (en mi ejemplo 10 dólares por barril), similar al que debe obtener Pemex refinación y Pemex Gas y Petroquímica. Y, finalmente, exigirle, por una parte y también a PEP, mayor cuidado en costos para obtener el máximo de la renta petrolera propiedad de la Nación. Y por otra parte al gobierno, una planeación cuidadosa de qué hacer con este componente, que pueden limitarse en el mediano y largo plazos por una elevación de costos mayor que la del marginal del mercado petrolero mundial. Ignorar o borrar estas diferencias nos conduce –como parece ya sucedió– a un manejo dispendioso e ineficiente de los tres componentes del excedente petrolero: renta, ganancia industrial y excedente extraordinario. Así parece.
Tengo una diferencia importante –sustantiva, me atrevo a decir– con la concepción gubernamental de renta petrolera que aparece en el diagnóstico oficial de Pemex. Pudiera parecer barroca pero creo –de verdad que lo creo–, no lo es. Trataré de explicar por qué. Aunque hay una veintena de citas en las que se habla de renta petrolera, la definición oficial se propone en la página 115, apartado 5.3 del documento de diagnóstico: “La renta petrolera está constituida por la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos los costos de extracción eficientes”.
No. La renta petrolera sólo está constituida por el diferencial entre el costo de producción de México y el del productor de más alto costo, que produce el barril equivalente al de México, demandada por el mercado (con cierto cuidado llamémoslo marginal). Para descubrir quién es este productor marginal de más alto costo demandado por el mercado, ayuda diferenciar –muy a la manera ricardiana–, entre el precio natural del crudo y su precio de mercado.
Existe un amplio consenso entre los analistas petroleros internacionales de que la cotización actual del petróleo registra un sobreprecio especulativo de cerca de 20 dólares para el caso del WTI (un poco menos para la canasta estadunidense y para el crudo de México). Se trata de un sobreprecio que –efectivamente y de acuerdo a las razones en las que se sustenta esta especulación– puede aumentar o disminuir, incluso drásticamente.
¿De dónde sale esta idea? De otra muy simple. Si los productores de costos cercanos a 67 dólares (para el caso del West Texas Intermediate, 60 para el caso de la canasta de crudos importados por los Estados Unidos, o 50 para un crudo similar al de México), si estos productores –reitero– lanzan al mercado toda su producción, se satisfaría plenamente una demanda que en el invierno llegará a los 90 millones de barriles al día.
Es decir, un precio medio de 77 dólares para el caso del WTI, de 70 dólares para la canasta de crudos importados por los Estados Unidos o 60 para el caso de nuestra Mezcla (su precio natural, simplificando un poco) permitiría que estos productores con mayores costos, recogieran del mercado al menos –por ejemplo- 10 dólares como ganancia industrial bruta, convertida en ganancia neta luego de pagar parte de esos 10 dólares por barril a los que los financiaron y a los comercializadores.
Pero…siempre un pero, por efecto de las pujas bursátiles que hoy despliegan los fondos de pensiones y los fondos de inversión de todo el mundo, disputándose los futuros de petróleo (del gas natural, de carbón, del hierro, del estaño, del cobre, del níquel, de la naranja, del arroz, del trigo, del maíz, del la plata, del otro, en general de todas las llamadas commodities), los precios del petróleo en 2008 podrían promediar cerca de 97 dólares para el caso del WTI, 90 para la canasta de crudos importados por Estados Unidos, 80 para el caso de nuestro petróleo. Esos 20 dólares más (podrán ser más, incluso) son excedente petrolero extraordinario, en este caso especulativo.
Así (con estos números u otros similares) diferenciamos nítidamente los tres componentes del excedente petrolero total: 1) una renta petrolera, que en el caso de México sería de 45.50 dólares por barril para 2008; 2) un rendimiento industrial de 10 dólares por barril, a compartir con financieros y comercializadores; 3) y una excedente extraordinario de 19 dólares, fruto de la especulación. No debemos confundirlos. Jamás, so riesgo de administrarlos mal. Muy mal. Sumados –sólo sumados– darían lo que el gobierno llama renta petrolera. ¿Cuestión de semántica?
No sólo. Es muy riesgoso, extremadamente riesgoso, hacer planes a futuro con el excedente especulativo, que incluso puede ser negativo algún momento, y comerse parte de la ganancia industrial o –más aún– de la renta. Y más riesgoso aún, no discutir con cuidado qué hacer con este excedente especulativo, volátil, variable, incluso peligroso.
El Fondo de Estabilización Petrolera ha sido una excelente propuesta, siempre minimizada. Segundo, hay que exigir rigurosamente a Pemex Exploración y Producción (PEP), una productividad tal que le permita obtener costos que garanticen su rendimiento industrial (en mi ejemplo 10 dólares por barril), similar al que debe obtener Pemex refinación y Pemex Gas y Petroquímica. Y, finalmente, exigirle, por una parte y también a PEP, mayor cuidado en costos para obtener el máximo de la renta petrolera propiedad de la Nación. Y por otra parte al gobierno, una planeación cuidadosa de qué hacer con este componente, que pueden limitarse en el mediano y largo plazos por una elevación de costos mayor que la del marginal del mercado petrolero mundial. Ignorar o borrar estas diferencias nos conduce –como parece ya sucedió– a un manejo dispendioso e ineficiente de los tres componentes del excedente petrolero: renta, ganancia industrial y excedente extraordinario. Así parece.
Control de agua y petróleo, el tema de mayor relevancia hoy en el TLCAN
Periódico La Jornada. México D. F. a 27 de abril de 2008. Economía. Susana González: Control de agua y petróleo, el tema de mayor relevancia hoy en el TLCAN
El acuerdo comercial fue convertido en herramienta de dominio de recursos naturales
Nueva etapa del tratado buscará fusionar las economías de los tres países, dice un estudio
“Es reconocido que el agua de Canadá y los recursos energéticos del Golfo de México son parte de la seguridad de Estados Unidos. El acceso al petróleo es asunto de seguridad de Estados Unidos y Norteamérica en general”, se establece en el Análisis económico-político del futuro del TLCAN, de Alejandro Díaz-Bautista, investigador del Colef y experto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Al tiempo que asegura que los socios del TLCAN buscarán crear nuevas instituciones que elaboren una estrategia para la seguridad de energéticos y recursos naturales, el especialista hace notar que parece que ningún otro tema será descartado en la mesa de negociación sobre el TLCAN, ya que lo mismo se incluirá el capítulo agropecuario, las telecomunicaciones, los sectores financieros o las leyes antidumping estadunidenses.
Temas que, señala, “para muchos políticos de los tres países puede abrir una o varias cajas de Pandora”, y por ello mismo el tema de la renegociación del tratado trilateral ha sido mencionado por todos los candidatos en la carrera electoral a la presidencia de Estados Unidos.
Es una nueva etapa que enfrenta al TLCAN, después de cumplir 14 años de vigencia, y que, de acuerdo con las últimas reuniones de los mandatarios “al igual que las de sus élites y académicos”, apunta a la conformación de un nuevo espacio político-económico, que en muchos sentidos será una nueva zona regional conocida como el área de Norteamérica.
Sin embargo, los nuevos instrumentos que se han diseñado para profundizar la cooperación entre los socios del TLCAN, se ubican en el contexto de las nuevas condiciones de seguridad que estableció Estados Unidos, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que limitaron el libre flujo de bienes, capital y personas.
“El futuro del TLCAN, y de Norteamérica en su conjunto, tiene que ver con su seguridad, más allá de la territorial o militar, e incluye el acceso a recursos naturales estratégicos. En primer lugar, están los recursos energéticos y el agua (...) La visión de largo plazo del TLCAN, es la creación con un bloque de naciones que, por otro lado, rivalice con la Unión Europea y el eje asiático de Japón y China, y que también sea un mercado regional con más de 800 millones de habitantes para abastecer los productos y servicios de su industria y agricultura”, indica Díaz-Bautista, quien también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Además de lo anterior, otro de los objetivos en la nueva etapa del tratado será lograr una mayor fusión entre las economías de ambos países, y así lo demuestran proyectos conjuntos en infraestructura como los corredores multimodales, la construcción de cuatro supercarreteras continentales para unir a los socios del TLCAN y la extensión del Trans-Texas que conectará a Monterrey con los puestos de Mazatlán y Manzanillo, los más importantes del Pacífico mexicano.
Para el investigador del Colef, el TLCAN ha resultado un parteaguas positivo para la economía de México, ya que considera que incidió en su crecimiento y, por su acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, registró un aumento sin precedente en el comercio y la inversión extranjera directa, lo que además le hizo ganar credibilidad entre inversionistas foráneos. Sin embargo, criticó que durante la última década no se haya aprobado ninguna reforma estratégica de segunda generación, como la energética y laboral, por lo que, en su opinión, México crecerá a un nivel inferior de su potencial.
El acuerdo comercial fue convertido en herramienta de dominio de recursos naturales
Nueva etapa del tratado buscará fusionar las economías de los tres países, dice un estudio
El futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se restringe a incluir temas de seguridad territorial o militar, ya que también contempla el acceso a recursos naturales estratégicos, y entre ellos están en primer lugar los energéticos y el agua, advierte una investigación del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
“Es reconocido que el agua de Canadá y los recursos energéticos del Golfo de México son parte de la seguridad de Estados Unidos. El acceso al petróleo es asunto de seguridad de Estados Unidos y Norteamérica en general”, se establece en el Análisis económico-político del futuro del TLCAN, de Alejandro Díaz-Bautista, investigador del Colef y experto en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Al tiempo que asegura que los socios del TLCAN buscarán crear nuevas instituciones que elaboren una estrategia para la seguridad de energéticos y recursos naturales, el especialista hace notar que parece que ningún otro tema será descartado en la mesa de negociación sobre el TLCAN, ya que lo mismo se incluirá el capítulo agropecuario, las telecomunicaciones, los sectores financieros o las leyes antidumping estadunidenses.
Temas que, señala, “para muchos políticos de los tres países puede abrir una o varias cajas de Pandora”, y por ello mismo el tema de la renegociación del tratado trilateral ha sido mencionado por todos los candidatos en la carrera electoral a la presidencia de Estados Unidos.
Es una nueva etapa que enfrenta al TLCAN, después de cumplir 14 años de vigencia, y que, de acuerdo con las últimas reuniones de los mandatarios “al igual que las de sus élites y académicos”, apunta a la conformación de un nuevo espacio político-económico, que en muchos sentidos será una nueva zona regional conocida como el área de Norteamérica.
Sin embargo, los nuevos instrumentos que se han diseñado para profundizar la cooperación entre los socios del TLCAN, se ubican en el contexto de las nuevas condiciones de seguridad que estableció Estados Unidos, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que limitaron el libre flujo de bienes, capital y personas.
“El futuro del TLCAN, y de Norteamérica en su conjunto, tiene que ver con su seguridad, más allá de la territorial o militar, e incluye el acceso a recursos naturales estratégicos. En primer lugar, están los recursos energéticos y el agua (...) La visión de largo plazo del TLCAN, es la creación con un bloque de naciones que, por otro lado, rivalice con la Unión Europea y el eje asiático de Japón y China, y que también sea un mercado regional con más de 800 millones de habitantes para abastecer los productos y servicios de su industria y agricultura”, indica Díaz-Bautista, quien también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Además de lo anterior, otro de los objetivos en la nueva etapa del tratado será lograr una mayor fusión entre las economías de ambos países, y así lo demuestran proyectos conjuntos en infraestructura como los corredores multimodales, la construcción de cuatro supercarreteras continentales para unir a los socios del TLCAN y la extensión del Trans-Texas que conectará a Monterrey con los puestos de Mazatlán y Manzanillo, los más importantes del Pacífico mexicano.
Para el investigador del Colef, el TLCAN ha resultado un parteaguas positivo para la economía de México, ya que considera que incidió en su crecimiento y, por su acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, registró un aumento sin precedente en el comercio y la inversión extranjera directa, lo que además le hizo ganar credibilidad entre inversionistas foráneos. Sin embargo, criticó que durante la última década no se haya aprobado ninguna reforma estratégica de segunda generación, como la energética y laboral, por lo que, en su opinión, México crecerá a un nivel inferior de su potencial.
Privatización
Periódico La Jornada. México D. F. a 27 de abril de 2008. Opinión. Arnaldo Córdova: Privatización.
Héctor Aguilar Camín escribió una serie de artículos en el periódico en el que colabora, poniendo en duda el rigor semántico de la definición que nuestro grupo de intelectuales en defensa del petróleo dio y, debo decirlo, con justas razones. Yo no voy a defender nuestra definición, excepto diciéndole que nos referimos con ella a los intentos privatizadores del gobierno de Calderón. Ahora quisiera darle una definición que busque ser de verdad rigurosa. Un jurista y, más aún, un constitucionalista, diría que la privatización es un asunto de derecho público, no de derecho privado.
Héctor nos enmienda la plana diciendo que “privatizar en sentido estricto quiere decir que la empresa sea vendida a capitales privados, como se vendieron los teléfonos y los bancos”. En realidad, privatizar no quiere decir, necesariamente, vender. Hay innumerables formas de transmisión del dominio y lo mismo se observa cuando un bien público pasa a ser propiedad de un privado. Aparte del contrato de compraventa, existen la cesión del derecho, la dación en usufructo ad aeternum, la enfiteusis (uso de superficie de terreno público), el abandono del bien que puede ocasionar que un privado lo reclame y muchas otras. Tampoco se trata de una venta total, como se la imagina mi amigo. Cuando se trata de una empresa tan grande, puede ocurrir que la privatización opere sólo en ciertas áreas, servicios, bienes o, incluso, créditos.
Si se la observa desde ese punto, nuestra definición es acertada, aunque no completa ni rigurosa. Cuando decimos que el gobierno panista está cediendo con su iniciativa bienes, derechos y funciones que la ley hasta ahora mantenía dentro de la competencia de Pemex, estamos afirmando, con rigor jurídico, que se está privatizando la empresa. Si Héctor se toma el trabajo de leer las iniciativas de Calderón se dará cuenta de que tenemos la razón en lo que decimos.
Privatizar y estatizar o expropiar o nacionalizar (para el objetivo jurídico diseñado en la ley, exactamente lo mismo) son conceptos antitéticos sin mediación alguna posible. Se trata de una materia de propiedad de bienes reales, de cosas y éstas no pueden estar más que en el dominio de los privados o del Estado (en nuestra Constitución, representante de la nación). Si de una empresa del Estado, cualquiera que sea, por ejemplo, se pasa a manos de privados, un bien real, un servicio, un valor (esfera de derechos personales) o, incluso, una función antes exclusiva, se está privatizando. Sí, un poquito, pero se está privatizando.
Yo invitaría a mi amigo a que discuta con nosotros las iniciativas, no nuestra definición que, por supuesto, tiene sus limitaciones. Hay muchísimos servicios que los privados pueden hacer para Pemex, mediante contrato de servicios y el pago correspondiente. Transporte por carretera, por ferrocarril y también por mar, construcción de infraestructura, como ductos, refinerías o plataformas marítimas, pero todo pagado y bajo contrato. El que muchas de las áreas de actividad de Pemex estén ya en manos de privados y que, de acuerdo con la Carta Magna no deben estar, Héctor tiene razón, es algo que debe anularse. A él no se le ocultará el colosal saqueo de nuestra riqueza petrolera a que eso da lugar.
Las privatizaciones son materia de derecho público, no de derecho privado. Entre privados se ceden derechos. Entre el Estado y los privados se puede comprar y vender, se puede ceder, se puede expropiar (mi amigo debe saber lo que es el derecho de reversión), pero todo será siempre de interés público, porque va en entredicho el interés público, representado por el Estado, que encierra el bien en cuestión. Tratar al Estado como si fuera un privado sólo se permite en contratos o convenios en los que la materia es de estricto interés privado (comprar clips o papel para oficinas, por ejemplo).
Cuando se trata del patrimonio público (vender o ceder un bien que está bajo el dominio de la nación y al cuidado de su Estado), permitir que el Estado se vuelva un privado como todos y pueda hacer transacciones de carácter privado no sólo choca con la letra de nuestra Carta Magna, sino también contra toda lógica jurídica. Un bien público es, por definición, un bien que está fuera de la esfera de los privados. Si se da al Estado, contra la letra y el espíritu de la Constitución, la facultad de tratar a los bienes públicos como bienes de los privados, la misma noción que diferencia derecho público y derecho privado desaparecería por completo. Todos sabemos muy bien lo que eso podría significar.
Es verdad que privatizar es un concepto muy ambiguo y casi no hay manera de definirlo con todo rigor; pero, si se ve su objeto jurídico, la cosa o el servicio en cuestión, resulta bastante sencillo. Se trata de un bien público que pasa a manos de un privado, cualquiera que sea el modo en que se haga. Es una pena que el concepto lo hayan redefinido y manejado sin discriminación los economistas (“vender”). Los juristas lo definen y lo usan de otra manera. Me ha sorprendido la opinión que ha expresado el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro, en el sentido de que los artículos 26 y 28 modifican el sentido del 27. Le recomendaría que leyera con mayor atención la letra y el sentido de esos artículos, sin olvidar el 25.
Creo que Héctor no podrá ignorar el cambio de ruta que el gobierno panista ha efectuado en torno al eterno tema de las finanzas de Pemex. En una reciente entrevista con La Jornada, la señora Kessel nos dice que el tema a debate no son las finanzas de Pemex (se negó a decir adónde van los excedentes petroleros), sino técnico. Necesitamos de los que saben manejar mejor que nosotros la industria petrolera. Yo creo que los argumentos se les están acabando (si es que alguna vez los tuvieron).
¿Por qué nuestros oponentes no discuten con nosotros en los terrenos en los que de verdad podemos debatir? No he visto argumentos jurídicos. Los economistas reaccionarios no abren la boca o sólo pronuncian improperios. Los intelectuales de derecha sólo nos dicen “fascistas” o “alamanistas” porque ocupamos sedes parlamentarias. ¿Por qué no nos dan el tiempo y las condiciones para que podamos discutir con ellos, en el terreno que deseen?
jueves, 24 de abril de 2008
Historia de agua Valle de México
A todos los alumnos, la profesora les comunica que se ha subido al blogg, dos AUDIOS sobre "LA HISTORIA DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO", son para apoyo del equipo "Texcoco", integrado por una alumna de cada grupo, quienes realizan una investigación sobre las acciones de "RECUPERACIÓN DEL LAGO DE TEXCOCO". También puede servir a los que les interese enriquecer su información. Los peligros que acechan a todos nuestros recursos naturales y su población, son múltiples, de ahí que debemos informarnos, conocer sobre ellos, petróleo, maíz, agua, bosques... (toda la flora y también la FAUNA).Biodiversidad de gran riqueza que es de MÉXICO y debería de ser para beneficio de su población. LA POBLACIÓN... ¡tan olvidada, hasta por nosotros que somos parte de ella! Ella, nosotros, somos herederos de una gran cultura...Resulta que los que mejor conocen nuestra cultura, son conciudadanos que aunque son como libros mágicos que registran experiencia, sabiduría, dominio práctico de grandes conocimientos... viven agobiados por la pobreza o la pobreza extrema. Algunos, se van fuera del país en busca de mejores condiciones de vida, pues la rica biodiversidad de México, no ha sido para beneficio de ellos. ???Afuera buscan mejores condiciones de vida... favorecen la acumulación de ganancias de quienes los contratan... ¿ellos, con qué se quedaron?...Las grandes riquezas de MÉXICO... hasta cuando serán para LOS MEXICANOS. ???...EL DEBATE, está abierto, invito a todos a participar.
lunes, 21 de abril de 2008
En defensa de la UNAM y de la libertad en México
Periódico La Jornada. México D. F. a 18 de abril de 2008. Adolfo Gilly. Opinión
“La UNAM exige a Uribe respeto a la memoria de los estudiantes mexicanos fallecidos en Ecuador, condena las amenazas implícitas en sus aseveraciones, rechaza sus generalizaciones sobre los universitarios y lamenta la torpeza de su actuación”, dice el enérgico comunicado de la casa de estudios del día de ayer, en respuesta a las declaraciones de Álvaro Uribe, presidente de la República de Colombia, que, en territorio de México, en visita oficial y en presencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón, vino a insultar con el mote de “terroristas” la memoria de los jóvenes estudiantes mexicanos que él mismo mandó matar en territorio ecuatoriano.
Fue la UNAM, ante la evasiva actitud del presidente de México, la institución que tuvo que salir a defender la dignidad de esta República y de su territorio frente a la insolencia del visitante: “Los señalamientos de Álvaro Uribe carecen de mínimo sentido de solidaridad, están llenos de rencor y en ellos no existe pudor alguno por un bombardeo que mereció la condena internacional, y por las consecuencias del mismo que causaron, entre otras, la muerte de cuatro mexicanos y lesiones graves a una más”, expresa el comunicado.
¿Pero adónde creyó llegar Álvaro Uribe, que parece escapado del reparto secundario de Los piratas del Caribe? ¿En cuál colonia del imperio norteamericano creyó que estaba hablando? ¿Es que las categorías clasificatorias delirantes del presidente George W. Bush se van a hacer también lenguaje común en territorio mexicano sin que el gobierno de este país abra la boca? Este mismo gobierno, cuya Procuraduría General de la República pretende investigar a los muertos y no a sus asesinos, y que con pretextos varios va militarizando el país entero, disolviendo la Cocopa, entregando el subsuelo a los privados y al imperio, ¿qué nos está preparando?
Y además, después de dejarse insultar en casa propia por Álvaro Uribe, ¿cree que eso que prepara podrá hacerlo?
Este país no nació ayer, por si hay quienes piensan que, en el arrastre del gigante remolino financiero y en la sumisión de los políticos y los gobernantes, pueden cambiarle a México su índole y su historia.
* * *
Allá por noviembre de 1910, el embajador de Porfirio Díaz en Estados Unidos, Francisco León de la Barra, escribía apremiantes cartas al Departamento de Estado de Washington, diciendo que en el territorio estadunidense se encontraba Francisco I. Madero haciendo acopio de armas, introduciéndolas en México y conspirando contra el gobierno mexicano. Lo cual, por supuesto, era verdad, pues eso hacía el “apóstol de la democracia”; si no, no hubiera habido revolución de 1910 ni caída de la dictadura ni todo lo que después vino. Pero el gobierno del norte dejó correr: cosas de las repúblicas de aquellos tiempos.
Allá por los años 20 del siglo pasado, después de la revolución, bajo Obregón y bajo Calles, México era tierra de asilo para el peruano Víctor Manuel Haya de la Torre, el cubano Julio Antonio Mella, el nicaragüense Augusto César Sandino y muchos otros latinoamericanos que preparaban las armas y el regreso y hoy son figuras de las historias de sus países.
Allá al inicio de los años 30, en abril de 1931 para ser precisos, los gobernantes mexicanos celebraban el establecimiento de la República en España y a mitad de ese año estaban apoyando la expedición del venezolano Carlos León para tratar de derribar al tirano Juan Vicente Gómez. Tratando de aquellos días, en mi libro El cardenismo: una utopía mexicana pude anotar:
“Eran aquellos los años en que desde México se apoyaba a la guerra nacional de Sandino en Nicaragua, al gobierno nacionalista de Ramón Grau San Martín y Antonio Guiteras en Cuba, a la efímera República Socialista del coronel Marmaduke Grove en Chile, al APRA de Víctor Manuel Haya de la Torre en Perú, y en que exiliados y revolucionarios del Caribe y de América Latina iban y venían por el territorio mexicano. Los gobernantes de México eran los militares salidos de la revolución y tanto por razones de afinidad como por estrictas razones de Estado en cuanto a la zona de influencia mexicana, muchos de ellos no veían con disgusto ni recelo esa efervescencia de los conspiradores latinoamericanos.”
Esa zona no sólo la disputó desde siempre Estados Unidos; ahora la quiere disputar también su vasallo, el presente gobernante de Colombia.
* * *
Que nadie diga que se trata de historia antigua, porque esta peculiar República Mexicana que hace un siglo nació de la conspiración armada de Francisco I. Madero y de sus secuelas, se empeñó en persistir, tenaz y como pudo, a lo largo del siglo.
En los años cincuenta, aquí encontraron asilo y protección para preparar su regreso a Cuba Fidel y Raúl Castro, Ernesto Guevara, Juan Almeida y muchos otros. Aquí tuvieron asilo y apoyo Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala derribado desde Estados Unidos en 1954; Juan José Arévalo, el coronel Carlos Paz Tejada –que trabajó con el general Cárdenas en la cuenca del Balsas– y otros guatemaltecos y centroamericanos perseguidos en sus países.
En los años sesenta, en México prepararon sus luchas libertarias los jóvenes militares del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre guatemalteco, los tenientes Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turcios Lima y sus compañeros, con la silenciosa solidaridad del general Cárdenas, de Arbenz, de Paz Tejada.
En los años setenta aquí encontraron refugio contra las dictaduras y apoyo para su revolución los nicaragüenses del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); y en los años ochenta México era territorio de paz, retaguardia y asilo para los movimientos de liberación de El Salvador, cuyo carácter beligerante reconoció el gobierno de México por iniciativa del canciller de entonces, don Jorge Castañeda (padre).
México siempre se negó a romper relaciones con Cuba y, como es notorio, en esta tierra hallaron refugio, trabajo y hogar los exiliados de las dictaduras militares latinoamericanas: brasileños, chilenos, uruguayos, argentinos, bolivianos, peruanos...
Durante casi todo el siglo XX América Latina entera –en sus vastos pueblos, digo, no en sus mezquinos señores– no dejó de mirar hacia México, casi diría como un hermano mayor que velaba por todos en la frontera con Estados Unidos. Ya sé, dirán que exagero. Pero no, ése fue mi siglo y sé de lo que hablo: México era un mito latinoamericano.
¿Y ahora qué? ¿Viene cualquier presidente, que acaba de matar a mansalva a cuatro mexicanos en territorio de un país vecino, insulta a los muertos en su propia tierra, prohíbe a nuestros estudiantes pensar como quieran, y la canciller y su presidente callan ante la afrenta o miran para otro lado?
Como en los años oscuros de Gustavo Díaz Ordaz, la UNAM hizo lo que tenía que hacer. Toca defenderla en su totalidad, con la pluralidad de ideas y corrientes de pensamiento que viven y se entrecruzan en su seno, toca protegerla y fortalecerla ante los innobles ataques que le lanzan y ante las amenazas que le esperan.
Dos precisiones últimas y necesarias:
Ni por sus ideas ni por sus métodos atroces tengo el menor acuerdo o simpatía con la organización de las FARC, ni tampoco respeto por la aventura del campamento en Sucumbíos al cual llevaron a los estudiantes después asesinados.
Espero una declaración sobre este grave tema que provenga de quien declara ser el “presidente legítimo” o al menos de su canciller, que no es inexperto en estas cuestiones. Pues si se trata de asumirse como “gobierno” y defender el petróleo, no se puede sólo hablar del petróleo, uniformar a las propias huestes y callar sobre los muertos y las afrentas.
jueves, 17 de abril de 2008
Historia de los bonos del petróleo
Periódico La Jornada. México D. F. a 17 de abril de 2008. Carlos Fernández-Vega: México SA cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Abono para la especulación
■ Democracia financiera sólo para los barones del dinero
Cuando se trata de grandes negocios a costillas del erario, los especuladores financieros y bursátiles, “sin hacer ruido”, son los primeros en enterarse, y no sólo por su agudo olfato, sino porque forman parte de la compacta famiglia que desde cinco lustros atrás “conduce” al país. Nada raro sería, pues, que de ellos mismos hubiera salido la propuesta, y subsecuente armado, de los pomposamente llamados “bonos petroleros ciudadanos” incluidos en la “reforma” calderonista.
No es casualidad, sino la constante desde, cuando menos, los generosos subsidios cambiarios del Ficorca, la “devolución” de empresas asociadas a los bancos estatizados en 1982, los certificados de aportación patrimonial (CAPs) que reprivatizaron el 34 por ciento de las entonces sociedades nacionales de crédito, la descarada especulación con estos valores (acaparados por ellos mismos), la reprivatización íntegra de la banca, los Tesobonos y la salvaje fuga de capitales asociada a esos instrumentos, el salvamento de empresas privadas no bancarias con recursos públicos, el asalto llamado Fobaproa, los “rescates” y “salvamentos” de buena parte de las empresas del Estado que pasaron a manos privadas, las concesiones, exenciones, y, desde luego, todas las devaluaciones habidas y por haber, por sólo citar los casos más sonados.
Pues bien, ahora se denuncia que dichos especuladores (léase banqueros y bolsistas) “fueron advertidos (antes que nadie) del negocio que podían hacer con la emisión de los llamados bonos petroleros ciudadanos, por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Guillermo Prieto Treviño, 10 días antes de que Felipe Calderón presentara al Congreso sus iniciativas de reforma petrolera, y tres días antes de que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, entregara el diagnóstico sobre la situación de Pemex, es decir, el 28 de marzo pasado” (La Jornada, Alma Muñoz).
En el correo electrónico que entre ellos circuló, en nombre de Prieto Treviño y por cortesía Marcos Ramírez Miguel, alto funcionario del Grupo Santander Serfin, se subraya que “les podría agregar confidencialmente que efectivamente en la reforma petrolera que está en el horno se está contemplando una emisión de un instrumento híbrido que pague mínimo inflación, pero que en upside está ligado a los resultados de Pemex (tipo Colombia). Nuestro reto (yo creo) va a ser ayudar en esto sin hacer mucho ruido hasta que esté aprobada y luego ya trabajar en la implantación”.
Sólo existen dos posibilidades de que los especuladores se enteraran de la existencia de tales valores (“que se venderán hasta en las panaderías”, según la versión oficial): a) que el propio gobierno les informara lo que cocinaba, es decir, lo que se negó a informar a la ciudadanía, y b) que los mismos especuladores ofrecieran al gobierno tan atractivo y novedoso instrumento financiero para incorporarlo a la “reforma” petrolera, e inmediatamente acapararlo. En cualquiera de los casos, forman mancuerna y los barones del dinero están más que puestos para quedarse con su rebanada del “tesoro”, como acostumbran.
Tres décadas atrás, cuando el país se preparaba para “administrar la abundancia” (JLP dixit), aparecieron los Petrobonos (1977) y los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como Cetes (1978). Fueron presentados como “sólidos y confiables instrumentos de ahorro” en los que podían depositarse no sólo los dineros, sino la confianza de los mexicanos. En los hechos, ambos valores fueron acaparados por los especuladores financieros y bursátiles, nacionales y extranjeros, mientras los ciudadanos de a pie ni de lejos los vieron, ni los ven. Los primeros se extinguieron (1990), y los segundos, teóricamente, cualquiera los puede adquirir, siempre y cuando lo hagan mediante las instituciones propiedad de los especuladores y con una inversión mínima de medio millón de pesos.
En 1983, Miguel de la Madrid puso en marcha el Ficorca (con Ernesto Zedillo al frente de la tienda), un programa de subsidio cambiario para las grandes empresas endeudadas en dólares. A la par, emitió los bonos de indemnización bancaria (BIBS) –un suculento negocio para los ex banqueros, ya instalados en la banca paralela en que se convirtió el mercado bursátil– y “devolvió” las empresas no bancarias (entre ellas Aurrerá, hoy Wal-Mart) asociadas a las instituciones financieras estatizadas por JLP. La emisión sumó alrededor de 200 mil millones de pesos (de aquellos) y de ese total aproximadamente la mitad se utilizó en la recompra (por parte de los ex accionistas de los bancos) de los activos no crediticios de la banca nacionalizada, que se empezaron a poner en venta en marzo de 1984. El mecanismo de la recompra incluyó la posibilidad de pagar el precio de estos activos no crediticios con los mismos bonos.
Más adelante, en 1986, el propio De la Madrid reprivatizó 34 por ciento de la banca, mediante los certificados de aportación patrimonial, los CAPs. Se trataba, decía el entonces mandatario, de contar “con una presencia minoritaria, pero vigilante, de los particulares en las instituciones de crédito”. Los “vigilantes” se quedaron con la banca, pero antes desataron una especulación feroz con estos valores, que infló su precio en 600 por ciento y con los que se “pagó” buena parte de los bancos reprivatizados.
En abril de 1990, días antes del anuncio salinista sobre la reprivatización de la banca (2 de mayo, 1990), ocho casas de bolsa (de 26 en total) acaparaban más del 65 por ciento de los CAPs: Acciones y Valores (Roberto Hernández y Alfredo Harp; se quedaron con Banamex), 19.29 por ciento; Operadora de Bolsa (Adrián Sada, con Serfin), 9.36; Abaco (Jorge Lankenau, Confía), 7.55; Interacciones (Carlos Hank Rhon), 7.53; Probursa (José Madariaga Lomelín, MMM), 6.66; Inverlat (Agustín Legorreta Chauvet, Comermex), 5.99; CBI (Julio César Villarreal Guajardo y Angel Isidoro Rodríguez, entre otros, Banpaís), 5.12 y Grupo Bursátil Mexicano (Alfonso de Garay Gutiérrez, Atlántico), 4.06 por ciento de estos preciados y generosos títulos que buscaban la “democratización del capital financiero” (Salinas y Aspe dixit).
Las rebanadas del pastel
Se acabó el espacio, pero mañana seguimos con estas “casualidades”.
miércoles, 16 de abril de 2008
Privatizar la refinación de petróleo
Periódico La Jornada. México D. F. a 16 de abril de 2008.
Alejandro Nadal
Alejandro Nadal
El control de la industria petrolera no sólo depende de la propiedad sobre los yacimientos y la extracción. En especial, las actividades de refinación y petroquímica básica son fundamentales para mantener el control y orientación de toda la industria petrolera por su importancia desde el punto de vista del valor agregado y sus efectos multiplicadores en el resto de la economía.
Por eso, la Constitución reserva en exclusividad al sector público esas actividades. En cambio, si se abre la refinación al capital privado, como pretenden Felipe Calderón y asociados, la industria petrolera permanecerá sometida al poderío de las grandes corporaciones petroleras extranjeras.
Una muestra del poder que tienen estas compañías en el segmento de refinación se encuentra en la experiencia reciente en Estados Unidos. Por estos días un comité del Senado estadunidense ha citado a los directores de Exxon Mobil, Shell, BP America, Chevron y Conoco Phillips para interrogarlos sobre sus ganancias de 123 mil millones de dólares en 2007. El Senado quiere saber por qué esas empresas se aferran a subsidios por otros 18 mil millones de dólares que reciben en Estados Unidos. La Cámara de representantes ya aprobó la eliminación de esos subsidios, y aunque el Senado está por decidirse, Bush ya amenazó con vetar la ley si es aprobada.
El lobby petrolero en Estados Unidos insiste en que esos subsidios son necesarios para mantener la inversión en exploración, producción y refinación. Además argumenta que el indicador importante no es el monto absoluto de las ganancias, sino la tasa de rentabilidad, que es inferior a la de los servicios financieros. Eso es cierto, como también que las compañías refinadoras han incurrido en el pasado reciente en prácticas de comercio restrictivas y desleales con el propósito de mantener niveles altos de rentabilidad.
En los últimos 20 años la industria refinadora estadunidense atravesó un intenso proceso de restructuración. En los 80 las excesivas inversiones condujeron a una sobrecapacidad en refinación que tuvo que ser administrada por las compañías para mantener los niveles de rentabilidad. Después vino un proceso de fusiones y adquisiciones, y surgieron refinadores independientes muy grandes como Valero y Marathon-Ashland. A partir de la reorganización de la industria en 1995, ya no se construyeron nuevas refinerías, lo que llevó a restricciones por el lado de la oferta en el mercado de refinados en Estados Unidos.
En 2001, el senador Ron Wyden obtuvo documentos internos de Chevron y de Texaco “altamente confidenciales” que reconocían que en 1995 el problema más grave que afectaba a la industria de la refinación era el exceso de capacidad instalada, que estaba provocando una rentabilidad baja. La recomendación: reducir la producción para encarecer las gasolinas. Un memorando de la Mobil revelaba sus planes para oponerse a la reapertura de una refinadora en California (cerrada por razones ambientales) con el fin de mantener altos los precios finales de gasolinas. En el colmo del cinismo, el lobby petrolero lanzó simultáneamente una intensa campaña en contra de la legislación ambiental, convirtiéndola en chivo expiatorio por la reducida inversión en refinerías.
Dos lecciones se desprenden de lo anterior. Primero, las compañías refinadoras tienen gran poder económico y político. Saben usarlo y están dispuestas a todo. Segundo, van a velar por sus intereses, no por el desarrollo de México. Primero estará su tasa de rentabilidad y su flujo de caja. El empleo, los eslabonamientos industriales y el desarrollo de México no figuran en su pantalla de radar.
La Constitución define la industria petrolera como área estratégica reservada en exclusividad a la nación. Pero el régimen de apertura y privatización, que es el alma de la reforma de Calderón, Kessel y Reyes Heroles, es exactamente lo opuesto y lleva a perder el control efectivo de la industria petrolera.
Por eso, la Constitución reserva en exclusividad al sector público esas actividades. En cambio, si se abre la refinación al capital privado, como pretenden Felipe Calderón y asociados, la industria petrolera permanecerá sometida al poderío de las grandes corporaciones petroleras extranjeras.
Una muestra del poder que tienen estas compañías en el segmento de refinación se encuentra en la experiencia reciente en Estados Unidos. Por estos días un comité del Senado estadunidense ha citado a los directores de Exxon Mobil, Shell, BP America, Chevron y Conoco Phillips para interrogarlos sobre sus ganancias de 123 mil millones de dólares en 2007. El Senado quiere saber por qué esas empresas se aferran a subsidios por otros 18 mil millones de dólares que reciben en Estados Unidos. La Cámara de representantes ya aprobó la eliminación de esos subsidios, y aunque el Senado está por decidirse, Bush ya amenazó con vetar la ley si es aprobada.
El lobby petrolero en Estados Unidos insiste en que esos subsidios son necesarios para mantener la inversión en exploración, producción y refinación. Además argumenta que el indicador importante no es el monto absoluto de las ganancias, sino la tasa de rentabilidad, que es inferior a la de los servicios financieros. Eso es cierto, como también que las compañías refinadoras han incurrido en el pasado reciente en prácticas de comercio restrictivas y desleales con el propósito de mantener niveles altos de rentabilidad.
En los últimos 20 años la industria refinadora estadunidense atravesó un intenso proceso de restructuración. En los 80 las excesivas inversiones condujeron a una sobrecapacidad en refinación que tuvo que ser administrada por las compañías para mantener los niveles de rentabilidad. Después vino un proceso de fusiones y adquisiciones, y surgieron refinadores independientes muy grandes como Valero y Marathon-Ashland. A partir de la reorganización de la industria en 1995, ya no se construyeron nuevas refinerías, lo que llevó a restricciones por el lado de la oferta en el mercado de refinados en Estados Unidos.
En 2001, el senador Ron Wyden obtuvo documentos internos de Chevron y de Texaco “altamente confidenciales” que reconocían que en 1995 el problema más grave que afectaba a la industria de la refinación era el exceso de capacidad instalada, que estaba provocando una rentabilidad baja. La recomendación: reducir la producción para encarecer las gasolinas. Un memorando de la Mobil revelaba sus planes para oponerse a la reapertura de una refinadora en California (cerrada por razones ambientales) con el fin de mantener altos los precios finales de gasolinas. En el colmo del cinismo, el lobby petrolero lanzó simultáneamente una intensa campaña en contra de la legislación ambiental, convirtiéndola en chivo expiatorio por la reducida inversión en refinerías.
Dos lecciones se desprenden de lo anterior. Primero, las compañías refinadoras tienen gran poder económico y político. Saben usarlo y están dispuestas a todo. Segundo, van a velar por sus intereses, no por el desarrollo de México. Primero estará su tasa de rentabilidad y su flujo de caja. El empleo, los eslabonamientos industriales y el desarrollo de México no figuran en su pantalla de radar.
La Constitución define la industria petrolera como área estratégica reservada en exclusividad a la nación. Pero el régimen de apertura y privatización, que es el alma de la reforma de Calderón, Kessel y Reyes Heroles, es exactamente lo opuesto y lleva a perder el control efectivo de la industria petrolera.
El Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo lo sigue
Periódico La Jornada. México D. F. a 16 de abril de 2008. México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
Antes de entrar en acción y ejercer como tales, todos los legisladores se comprometen a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”. El inquilino de Los Pinos hace lo propio, al igual que los gobernadores y sus respectivos gabinetes.
Si no cumplen con ese requisito, si no asumen tal compromiso (que algunos limitan a simple protocolo), legalmente no entran en funciones. Así lo hicieron, a finales de agosto de 2006, los 500 diputados y los 128 senadores; así, el inquilino de Los Pinos, los gobernadores y sus gabinetes, y tras responsabilizarse cada uno de ellos fue apercibido con aquello de “si no lo hacen así, que la nación se los demande”.
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
No se trata de darle la razón al FAP, sino de otorgársela a la historia reciente del país y sus abominables resultados. Si los legisladores con sus propios estudios y análisis, no entienden de qué se trata, cuál es el marco legal al que deben atenerse y de qué tamaño es el riesgo, entonces nada tienen que hacer donde están, pero la nación y los mexicanos no tienen por qué pagar, una vez más, por sus carencias e incumplimientos.
En este sentido, la Cámara de Diputados por medio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, recién sacó del horno un estudio sobre la Evolución y prospectiva de la industria petrolera mexicana (abril de 2008), en el que subraya el marco constitucional que debe respetarse en materia petrolera, del cual recalca los siguientes elementos:
“La base jurídica de la industria petrolera mexicana se encuentra en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del decreto de expropiación petrolera, el presidente Cárdenas envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones.
“Así, el artículo 27 constitucional establece el concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y señala que ‘…corresponde a la nación el dominio de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos….
“En diciembre de 1939 se presenta la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, y en mayo de 1941, bajo la presidencia de Ávila Camacho, se deroga y se presenta una nueva que abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo, y no fue sino hasta noviembre de 1958, con la nueva ley promulgada por el presidente Ruiz Cortines, que se derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional.
“No obstante que en el propio artículo 27 se reconoce la figura de la concesión, también limita dicha figura en su párrafo sexto al señalar que ‘…Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva…’, es decir, el mismo artículo 27 constitucional establece la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera”.
Más que oportuno es que los legisladores se den una vuelta por el citado estudio, y más que obligado que cumplan el compromiso asumido al tomar posesión del cargo.
Las rebanadas del pastel
Un “inexperto” como Fernando del Paso lo sintetiza de forma contundente: “es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera” (La Jornada, 15 de abril)... Memoria a modo: ¿quién llegó a Los Pinos por medio de una feroz campaña de odio, división y cizaña? Ah, pero a Felipe Calderón ya se le olvidó.
Si no cumplen con ese requisito, si no asumen tal compromiso (que algunos limitan a simple protocolo), legalmente no entran en funciones. Así lo hicieron, a finales de agosto de 2006, los 500 diputados y los 128 senadores; así, el inquilino de Los Pinos, los gobernadores y sus gabinetes, y tras responsabilizarse cada uno de ellos fue apercibido con aquello de “si no lo hacen así, que la nación se los demande”.
Muchos y variados son los pendientes que la nación tiene que reclamarle a su clase política, cada día más apartada de las necesidades y urgencias de los mexicanos que por ellos votaron, pero en el candente momento político que vive el país hoy más que nunca debe exigírsele que cumpla cabalmente con aquello de “guardar y hacer guardar” la Constitución.
Al igual que los legisladores, el inquilino de Los Pinos se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pero ahora abiertamente la viola al “invitar”, por llamarlo de alguna forma, a diputados y senadores a que aprueben su “reforma” petrolera, la cual, a su vez, viola la carta magna al promover cambios a una ley secundaria que debe fundamentarse en el precepto constitucional. En síntesis, el Ejecutivo promueve la violación constitucional y el Legislativo parece estar dispuesto a seguirlo en su afán.
Así, no es posible debatir la iniciativa calderonista por ser abiertamente violatoria de la Constitución. Debatir, sí, una reforma real y constitucional para fortalecer a Pemex, y no al gran capital, nacional y extranjero, asociado al inquilino de Los Pinos.
Demasiado ha pagado ya el país por la serie de barbaridades cometidas en 25 años por el grupo en el poder. Aprobar la “reforma” calderonista sería avalar que el petróleo mexicano y su industria tengan el mismo destino y consecuencias de la banca, carreteras, aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, satélites, acereras, ingenios azucareros, telecomunicaciones y tantos otros sectores y empresas otrora del Estado, es decir, un creciente costo para las finanzas públicas, creación de monopolios privados, nula contribución al desarrollo nacional y fastuosas fortunas para unos cuantos.
No se trata de darle la razón al FAP, sino de otorgársela a la historia reciente del país y sus abominables resultados. Si los legisladores con sus propios estudios y análisis, no entienden de qué se trata, cuál es el marco legal al que deben atenerse y de qué tamaño es el riesgo, entonces nada tienen que hacer donde están, pero la nación y los mexicanos no tienen por qué pagar, una vez más, por sus carencias e incumplimientos.
En este sentido, la Cámara de Diputados por medio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, recién sacó del horno un estudio sobre la Evolución y prospectiva de la industria petrolera mexicana (abril de 2008), en el que subraya el marco constitucional que debe respetarse en materia petrolera, del cual recalca los siguientes elementos:
“La base jurídica de la industria petrolera mexicana se encuentra en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del decreto de expropiación petrolera, el presidente Cárdenas envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones.
“Así, el artículo 27 constitucional establece el concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y señala que ‘…corresponde a la nación el dominio de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos….
“En diciembre de 1939 se presenta la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo, y en mayo de 1941, bajo la presidencia de Ávila Camacho, se deroga y se presenta una nueva que abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo, y no fue sino hasta noviembre de 1958, con la nueva ley promulgada por el presidente Ruiz Cortines, que se derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional.
“No obstante que en el propio artículo 27 se reconoce la figura de la concesión, también limita dicha figura en su párrafo sexto al señalar que ‘…Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva…’, es decir, el mismo artículo 27 constitucional establece la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera”.
Más que oportuno es que los legisladores se den una vuelta por el citado estudio, y más que obligado que cumplan el compromiso asumido al tomar posesión del cargo.
Las rebanadas del pastel
Un “inexperto” como Fernando del Paso lo sintetiza de forma contundente: “es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera” (La Jornada, 15 de abril)... Memoria a modo: ¿quién llegó a Los Pinos por medio de una feroz campaña de odio, división y cizaña? Ah, pero a Felipe Calderón ya se le olvidó.
Dinero
Periódico La Jornada. México D. F. a 16 de abril de 2008.
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Regístrate en el foro: http://dinero.tv/mexico/index.php
■ Los “bonos ciudadanos” de Pemex
■ Financieros se aprestan a acapararlos
■ Operación confidencial en la bolsa
■ Ay Fresnillo
Los “bonos ciudadanos” de Pemex, que anunció Felipe Calderón el martes 8 de abril al presentar el conjunto de iniciativas que integran la reforma energética, difícilmente beneficiarán a los ciudadanos. Según Calderón, cualquier persona tendrá rendimientos semejantes a los de la paraestatal y costarán 100 pesos; sólo podrán ser adquiridos por mexicanos y se evitará que “sean acaparados por unos cuantos”. Sin embargo, la información sobre los nuevos títulos ya se había colado a la Bolsa Mexicana de Valores desde la tarde del viernes 28 de marzo –10 días antes. Para entonces, el presidente de la bolsa, Guillermo Prieto Treviño, había intercambiado mensajes electrónicos con un grupo de funcionarios bancarios con la presunta intención de acapararlos. “... No hay que hacer mucho ruido, pero sí meternos para lograrlo; creo que tenemos los apoyos pero que no se vea que somos nosotros”, recomienda a sus amigos y socios. El reportero Antonio Guzmán, del noticiero De una a tres, de Jacobo Zabludovsky, tuvo acceso a los mensajes confidenciales. Básicamente son tres:
Estén listos
En el primero, Hugo Arturo Contreras Pliego, funcionario de la bolsa, “por instrucciones del lic. Guillermo Prieto Treviño”, les dice a los banqueros que estén alertas y que los mantendrá informados:
Marzo 28 (viernes). Hora: 17.43.
De: Contreras Pliego Hugo Arturo (hcontreras@bmv.com.mx)
Asunto: Informe de la BMV a los comités para la oferta pública: “Por instrucciones del lic. Guillermo Prieto Treviño me permito dirigirles el presente correo. Como antecedente debe mencionarse que a partir de hoy les estaremos enviando, cada viernes, información por este medio, para actualizarlos sobre los avances y trabajos para la oferta pública”.
No hacer ruido
Un segundo mensaje, enviado minutos después como comentario por Miguel Marcos Ramírez, funcionario de Grupo Santander, recomienda “no hacer ruido” a los que están en el cochupo:
Marzo 28 (viernes). Hora: 6.48 pm.
De: Marcos Ramírez Miguel (maramirez@santander.com.mx)
Asunto: Informe de la BMV a los comités para la oferta pública.
Les podría agregar confidencialmente que efectivamente en la reforma petrolera que está en el horno se está contemplando la emisión de un instrumento híbrido que pague mínimo la inflación, pero que en el upside esté ligado a los resultados de Pemex (tipo Colombia). Nuestro reto (yo creo) va a ser en ayudar en esto sin hacer mucho ruido hasta que sea aprobada y luego trabajar en su instrumentación.
“Tenemos los apoyos”
Un tercer mensaje contiene una recomendación que lleva las iniciales GPT:
“Yo coincido, no hay que hacer mucho ruido, pero sí meternos para lograrlo; creo que tenemos los apoyos, pero que no se vea que somos nosotros. GPT” (iniciales de Guillermo Prieto Treviño).
Engañabobos
Desde el anuncio de su debut anticipé que esta sección no recomendaría la inversión de los ahorros de la gente en bonos de 100 pesos, porque no tiene sentido económico. Cada uno daría un rendimiento –cuando mucho– de 7 pesos al año, el equivalente a dos boletos de Metrobús. Para quienes sí tienen significado es para los grandes grupos financieros. Los bonos ciudadanos se-rían, pues, para los ciudadanos de la banca.
Los afortunados
Los mensajes confidenciales llevan copia para los que están en la jugada. Sobresale el nombre de Carlos Gómez y Gómez, ex accionista mayoritario de Serfin, ahora fusionado a Santander. Fue dos veces presidente de la Asociación de Banqueros –de 1998 a 2000– y participó en el arreglo del Fobaproa, del cual es beneficiario. Aparecen también los de funcionarios de IXE, Invex, Valmex y Banamex.
e@Vox Populi
Asunto: Ay Fresnillo
A propósito de Fresnillo, hay un verso (para poetas, Zacatecas) que sintetiza el tema minero del estado. Con cierta distancia, pero se parece en algo a “los veneros de petróleo...”, de López Velarde. Fue escrito por Roberto Cabral del Hoyo, también zacatecano, y dice:
“Ay Fresnillo,
si tu suerte no fuera tan ingrata,
tus calles
estarían pavimentadas de plata.”
Ismael Dávila (nacido por esas tierras y, para variar, emigrado hacia el norte del país)
R: Agradezco el envío. Hermano menor de López Velarde suele llamarse al poeta Cabral del Hoyo, fallecido el 4 de octubre de 1999. Dejó una obra importante. Aprovecho el viaje para dar espacio a la siguiente precisión de Rafael Maldonado: “No sé si la familia Bailleres tenga acciones de Liverpool. Lo indiscutible es su propiedad sobre el Palacio de Hierro”. Así es, disculpas.
Asunto: Pemex
Desde hace 40 años, con los priístas y ahora con los panistas, el problema central ha sido el presupuesto de egresos del gobierno. Siempre se ha abusado de Pemex como si fuera la caja chica de la clase política. ¿Por qué no dejarle sus recursos a Pemex y nos enfocamos a modificar el gasto corriente del aparato burocrático? Que todos los salarios se fijen de acuerdo con el ingreso real del gobierno. No puede ser que en este México la disparidad entre los pobres y los mandos medios y altos sea tan insultante.
Luis Martínez/Distrito Federal
R: Ese es el punto que la iniciativa de Calderón no toca. Si cesa el saqueo y la corrupción de Pemex no sería necesaria la reforma.
Asunto: pueblos fantasmas
Sería muy interesante e importante que participaran en el debate los habitantes de los pueblos casi fantasmas que ha dejado Pemex allí donde se ha agotado el petróleo; pueblos contaminados y devastados, sin posibilidad ya de aprovechar los pocos recursos naturales debido a la altísima contaminación. Eso es lo que queda para el común de los mexicanos.
Juan Carlos Raya/Distrito Federal
R: Es una buena idea, sólo que un poco complicada, porque muchos de los habitantes de las poblaciones devastadas se han ido de braceros a Estados Unidos. ¿Cómo los convocamos?
■ Los “bonos ciudadanos” de Pemex
■ Financieros se aprestan a acapararlos
■ Operación confidencial en la bolsa
■ Ay Fresnillo
Los “bonos ciudadanos” de Pemex, que anunció Felipe Calderón el martes 8 de abril al presentar el conjunto de iniciativas que integran la reforma energética, difícilmente beneficiarán a los ciudadanos. Según Calderón, cualquier persona tendrá rendimientos semejantes a los de la paraestatal y costarán 100 pesos; sólo podrán ser adquiridos por mexicanos y se evitará que “sean acaparados por unos cuantos”. Sin embargo, la información sobre los nuevos títulos ya se había colado a la Bolsa Mexicana de Valores desde la tarde del viernes 28 de marzo –10 días antes. Para entonces, el presidente de la bolsa, Guillermo Prieto Treviño, había intercambiado mensajes electrónicos con un grupo de funcionarios bancarios con la presunta intención de acapararlos. “... No hay que hacer mucho ruido, pero sí meternos para lograrlo; creo que tenemos los apoyos pero que no se vea que somos nosotros”, recomienda a sus amigos y socios. El reportero Antonio Guzmán, del noticiero De una a tres, de Jacobo Zabludovsky, tuvo acceso a los mensajes confidenciales. Básicamente son tres:
Estén listos
En el primero, Hugo Arturo Contreras Pliego, funcionario de la bolsa, “por instrucciones del lic. Guillermo Prieto Treviño”, les dice a los banqueros que estén alertas y que los mantendrá informados:
Marzo 28 (viernes). Hora: 17.43.
De: Contreras Pliego Hugo Arturo (hcontreras@bmv.com.mx)
Asunto: Informe de la BMV a los comités para la oferta pública: “Por instrucciones del lic. Guillermo Prieto Treviño me permito dirigirles el presente correo. Como antecedente debe mencionarse que a partir de hoy les estaremos enviando, cada viernes, información por este medio, para actualizarlos sobre los avances y trabajos para la oferta pública”.
No hacer ruido
Un segundo mensaje, enviado minutos después como comentario por Miguel Marcos Ramírez, funcionario de Grupo Santander, recomienda “no hacer ruido” a los que están en el cochupo:
Marzo 28 (viernes). Hora: 6.48 pm.
De: Marcos Ramírez Miguel (maramirez@santander.com.mx)
Asunto: Informe de la BMV a los comités para la oferta pública.
Les podría agregar confidencialmente que efectivamente en la reforma petrolera que está en el horno se está contemplando la emisión de un instrumento híbrido que pague mínimo la inflación, pero que en el upside esté ligado a los resultados de Pemex (tipo Colombia). Nuestro reto (yo creo) va a ser en ayudar en esto sin hacer mucho ruido hasta que sea aprobada y luego trabajar en su instrumentación.
“Tenemos los apoyos”
Un tercer mensaje contiene una recomendación que lleva las iniciales GPT:
“Yo coincido, no hay que hacer mucho ruido, pero sí meternos para lograrlo; creo que tenemos los apoyos, pero que no se vea que somos nosotros. GPT” (iniciales de Guillermo Prieto Treviño).
Engañabobos
Desde el anuncio de su debut anticipé que esta sección no recomendaría la inversión de los ahorros de la gente en bonos de 100 pesos, porque no tiene sentido económico. Cada uno daría un rendimiento –cuando mucho– de 7 pesos al año, el equivalente a dos boletos de Metrobús. Para quienes sí tienen significado es para los grandes grupos financieros. Los bonos ciudadanos se-rían, pues, para los ciudadanos de la banca.
Los afortunados
Los mensajes confidenciales llevan copia para los que están en la jugada. Sobresale el nombre de Carlos Gómez y Gómez, ex accionista mayoritario de Serfin, ahora fusionado a Santander. Fue dos veces presidente de la Asociación de Banqueros –de 1998 a 2000– y participó en el arreglo del Fobaproa, del cual es beneficiario. Aparecen también los de funcionarios de IXE, Invex, Valmex y Banamex.
e@Vox Populi
Asunto: Ay Fresnillo
A propósito de Fresnillo, hay un verso (para poetas, Zacatecas) que sintetiza el tema minero del estado. Con cierta distancia, pero se parece en algo a “los veneros de petróleo...”, de López Velarde. Fue escrito por Roberto Cabral del Hoyo, también zacatecano, y dice:
“Ay Fresnillo,
si tu suerte no fuera tan ingrata,
tus calles
estarían pavimentadas de plata.”
Ismael Dávila (nacido por esas tierras y, para variar, emigrado hacia el norte del país)
R: Agradezco el envío. Hermano menor de López Velarde suele llamarse al poeta Cabral del Hoyo, fallecido el 4 de octubre de 1999. Dejó una obra importante. Aprovecho el viaje para dar espacio a la siguiente precisión de Rafael Maldonado: “No sé si la familia Bailleres tenga acciones de Liverpool. Lo indiscutible es su propiedad sobre el Palacio de Hierro”. Así es, disculpas.
Asunto: Pemex
Desde hace 40 años, con los priístas y ahora con los panistas, el problema central ha sido el presupuesto de egresos del gobierno. Siempre se ha abusado de Pemex como si fuera la caja chica de la clase política. ¿Por qué no dejarle sus recursos a Pemex y nos enfocamos a modificar el gasto corriente del aparato burocrático? Que todos los salarios se fijen de acuerdo con el ingreso real del gobierno. No puede ser que en este México la disparidad entre los pobres y los mandos medios y altos sea tan insultante.
Luis Martínez/Distrito Federal
R: Ese es el punto que la iniciativa de Calderón no toca. Si cesa el saqueo y la corrupción de Pemex no sería necesaria la reforma.
Asunto: pueblos fantasmas
Sería muy interesante e importante que participaran en el debate los habitantes de los pueblos casi fantasmas que ha dejado Pemex allí donde se ha agotado el petróleo; pueblos contaminados y devastados, sin posibilidad ya de aprovechar los pocos recursos naturales debido a la altísima contaminación. Eso es lo que queda para el común de los mexicanos.
Juan Carlos Raya/Distrito Federal
R: Es una buena idea, sólo que un poco complicada, porque muchos de los habitantes de las poblaciones devastadas se han ido de braceros a Estados Unidos. ¿Cómo los convocamos?
Cuando se siembra odio y cizaña se recoge división y encono: Calderón
Periódico La Jornada México D. F. a 16 de abril de 2008
■ Insiste en que su propuesta petrolera asegura la soberanía de México sobre sus recursos naturales
■ La intención no es privatizar Pemex, sino que produzca más petróleo, más gas, más gasolina
■ La intención no es privatizar Pemex, sino que produzca más petróleo, más gas, más gasolina
Claudia Herrera Beltrán (Enviada)
Othón P. Blanco, QR, 15 de abril. Sin especificar el destinatario de su mensaje, el presidente Felipe Calderón Hinojosa expresó su rechazo a quienes siembran odio y encono.
En lo que pareció la primera reacción pública del titular del Ejecutivo federal a la toma de las tribunas camarales por parte del Frente Amplio Progresista (FAP), advirtió: “Por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son cuando hay trabajo unido, son bienes públicos, son vivienda para la gente pobre, son obras públicas, y cuando se siembra odio, cuando se siembra división, cuando se siembra cizaña, se recoge también encono y división”.
Durante una rápida visita al municipio de Othón P. Blanco, donde entregó viviendas a damnificados del huracán Dean, el michoacano insistió que su propuesta de reforma petrolera asegura la soberanía de México sobre sus recursos naturales, para que éstos se puedan aprovechar al máximo en beneficio de los mexicanos.
En momentos en que se da un jaloneo entre el FAP, el PRI, el PAN y el PVEM para definir los términos de un debate sobre la reforma energética, Felipe Calderón puso de ejemplo su relación con el gobernador priísta Félix González Canto, para ilustrar cómo sin importar filiaciones partidistas se puede trabajar juntos y “hacer grandes cosas”.
Por eso, el mandatario dijo que su propósito es trabajar para unir, para juntar a los mexicanos, “y que no avancen los esfuerzos por dividir(los)”.
En respuesta a los críticos de la reforma insistió en que su propuesta no implica privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que esta empresa, que “es de todos los mexicanos”, produzca más petróleo, más gas, más gasolina y eso lleve al país a tener ingresos que permitan financiar el futuro de las nuevas generaciones.
Como parte de su campaña en pro de la aprobación de la reforma, señaló que ésta permitirá garantizar que todo niño, cuando llegue a los 18 o 20 años, tenga un lugar en la universidad. “A lo mejor no le gusta, a lo mejor no quiere, a lo mejor le gusta otra cosa, bueno, pero que no sea porque no hubo espacios.”
Viviendas para la “gente más amolada”
Tras haber visitado tres precarias viviendas donde se alojarán familias que resultaron afectadas por el impacto del huracán Dean, en octubre del año pasado, reconoció que “son casas pequeñas, sí, pero indudablemente marcan una diferencia respecto de no tener casa”.
Calderón entró a este conjunto de 86 casas por la calle ACNUR –bautizada así porque la mayor parte de los habitantes son originarios de Guatemala–, y pudo atestiguar el reducido tamaño de cada vivienda, que consta de una sola habitación apenas dividida entre recámara y sala, así como la pobreza de sus habitantes.
Eso le hizo afirmar en su discurso que su gobierno tiene un compromiso con la gente “más amolada, la que no puede comprar una casa por su cuenta”, o que no tiene ingreso suficiente para tener un crédito.
“Lo he visto en la televisión, pero personalmente no”, expresó Pablo Pakai, damnificado que recibió las llaves de su vivienda y contó las dificultades que tiene para sobrevivir con la siembra de maíz.
En ese contexto, el michoacano aprovechó para promover el Proárbol, uno de sus programas estrella, y vecino con el que platicaba, le hacía la misma promesa: “Yo le doy a usted dos toneladas de maíz y usted me planta arbolitos”.
A una niña le preguntó: ¿fuiste a la escuela? Y como la respuesta fue negativa, el mandatario concluyó: “Es que ibas a ver al Presidente”.
Los bonos petroleros, gran negocio que fue anticipado a especuladores
Periódico La Jornada. México D. F. a 16 de abril de 2008.
Exhibe el “gobierno legítimo” un correo enviado 10 días antes de que se presentara la iniciativa
El pitazo fue dado por un funcionario de Santander Serfin, en nombre del presidente de la BMV
“Vamos a apoyar esto sigilosamente, sin hacer ruido, y luego veremos cómo lo implementamos”Alma E. Muñoz
El “gobierno legítimo” exhibió que banqueros y “especuladores financieros” fueron advertidos del negocio que podían hacer con la emisión de los llamados bonos petroleros ciudadanos, por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Guillermo Prieto Treviño, 10 días antes de que Felipe Calderón presentara al Congreso sus iniciativas de reforma petrolera, y tres días antes de que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, entregara el diagnóstico sobre la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es decir, el 28 de marzo pasado.
Mario di Costanzo, secretario de hacienda pública, entregó copia del correo electrónico que, en nombre de Prieto Treviño, envió Marcos Ramírez Miguel, alto funcionario del Grupo Santander Serfin, a directivos de diversas instituciones financieras –de cuya advertencia ya había señalado López Obrador en su discurso del domingo pasado–, donde se lee:
“Les podría agregar confidencialmente que efectivamente en la reforma petrolera que está en el horno se está contemplando una emisión de un instrumento híbrido que pague mínimo inflación, pero que en upside está ligado a los resultados de Pemex (tipo Colombia). Nuestro reto (yo creo) va a ser ayudar en esto sin hacer mucho ruido hasta que esté aprobada y luego ya trabajar en la implantación”.
Di Costanzo señaló que de aprobarse, por ejemplo, mil millones de pesos en bonos, los banqueros podrían obtener 100 millones de ganancia anual.
Ubicó como destinatarios del correo a Alejandro Reynoso, funcionario de la Bolsa Mexicana de Valores y ex asesor de Carlos Salinas; Fernando Quiroz, de Banamex; Carlos Gómez y Gómez, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Santander Serfin, y Gonzalo Rojas, de Scotiabank Inverlat. “Todos ellos son los encargados de manejar las tareas de tesorería o de administración de los bancos”.
Apuntó, en entrevista, que la fecha del correo refleja que a los banqueros los consultó el gobierno porque sus instituciones, según como viene la ley, pueden “llegar a ser los intermediarios para, como se dice vulgarmente, abrir mercado. Es decir, adquirir estos valores que son los que casualmente anunció Felipe Calderón como los bonos ciudadanos”.
Dijo que el panista en realidad trata de engañar a los mexicanos, porque “esto no tiene nada de ciudadano. En dos cosas está mintiendo: la primera, al hacer parecer que es una manera de que los ciudadanos sean dueños del petróleo, cuando la iniciativa establece claramente que los tenedores de uso de estos bonos no tendrán ningún derecho patrimonial ni sobre el petróleo ni sobre Pemex”. En realidad, los instrumentos, afirmó, tendrán un valor de ahorro y darán rendimientos muy parecidos a los de los Certificados de la Tesorería, pero sí “les representarían comisiones a los bancos, a la BMV y a quienes los vendan, que pueden ser las mismas Afores o los fondos de inversión”.
Y si se revisa la iniciativa en la parte de bonos ciudadanos, indicó, se establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que mediante disposiciones de carácter general establezca montos, plazos y rendimientos de los mismos. Así que los bancos dicen: ‘vamos a apoyar esto sigilosamente, sin hacer ruido, y luego veremos cómo lo implementamos’, ¿con quién? Con Hacienda. “Esto refleja que existe un acuerdo previo entre los banqueros y el gobierno para que la colocación de los bonos al final no tenga nada de ciudadano”.
Es más, indicó el colaborador de López Obrador, “si estos bonos te otorgaran un derecho sobre Pemex, sería absolutamente inconstitucional. El artículo 41 de la iniciativa dice que las contraprestaciones que se consiguen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Pemex”.
Además, señaló que la SHCP determinará, por medio de discusiones de carácter general, las formas de adquisición de los mismos para las personas físicas o los trabajadores mexicanos. “O sea, no hay tal ni es como ha dicho Calderón de cien pesos, porque en la iniciativa no se habla de cantidades. Es un engaño del cual van a sacar provecho los banqueros”, enfatizó.
Calderón, agregó, lo único que ha hecho es “engañar”, diciendo que el comisario de Petróleos Mexicanos velará por los intereses de los tenedores de esos bonos. “Que yo sepa, no hay ningún comisario ni ninguna persona en el Banco de México ni en la SHCP que vele por los intereses de los tenedores de los Cetes, por ejemplo, o para los bonos de protección al ahorro bancario, que también se emiten”.
Y si nos fijamos quiénes tienen esos instrumentos, encontramos que son instituciones financieras, algunas Afores, “pero en realidad la gente no tiene acceso a los rendimientos, y si los tiene ya van descontadas mil comisiones, que es lo que les interesa en este caso a la BMV y a los bancos, las comisiones que cobrarían por la colocación de los bonos”.
Obviamente, apuntó, los bancos tendrán la ganancia, porque además “a ellos les darán los bonos para que los vendan, y también pueden recomprarlos, porque Hacienda va a crear un mercado secundario donde puede haber un solo acreedor y no habrá reglamentación”.
Di Costanzo enfatizó finalmente que el mensaje enviado por el funcionario de Santander Serfin deja entrever el reto de banqueros y “especuladores” para apoyar sigilosamente a que se apruebe la existencia de los bonos ciudadanos, y “ya luego verán con Hacienda cómo tendrán más utilidades y podrán recomprarlos por debajo del agua”.
Mario di Costanzo, secretario de hacienda pública, entregó copia del correo electrónico que, en nombre de Prieto Treviño, envió Marcos Ramírez Miguel, alto funcionario del Grupo Santander Serfin, a directivos de diversas instituciones financieras –de cuya advertencia ya había señalado López Obrador en su discurso del domingo pasado–, donde se lee:
“Les podría agregar confidencialmente que efectivamente en la reforma petrolera que está en el horno se está contemplando una emisión de un instrumento híbrido que pague mínimo inflación, pero que en upside está ligado a los resultados de Pemex (tipo Colombia). Nuestro reto (yo creo) va a ser ayudar en esto sin hacer mucho ruido hasta que esté aprobada y luego ya trabajar en la implantación”.
Di Costanzo señaló que de aprobarse, por ejemplo, mil millones de pesos en bonos, los banqueros podrían obtener 100 millones de ganancia anual.
Ubicó como destinatarios del correo a Alejandro Reynoso, funcionario de la Bolsa Mexicana de Valores y ex asesor de Carlos Salinas; Fernando Quiroz, de Banamex; Carlos Gómez y Gómez, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Santander Serfin, y Gonzalo Rojas, de Scotiabank Inverlat. “Todos ellos son los encargados de manejar las tareas de tesorería o de administración de los bancos”.
Apuntó, en entrevista, que la fecha del correo refleja que a los banqueros los consultó el gobierno porque sus instituciones, según como viene la ley, pueden “llegar a ser los intermediarios para, como se dice vulgarmente, abrir mercado. Es decir, adquirir estos valores que son los que casualmente anunció Felipe Calderón como los bonos ciudadanos”.
Dijo que el panista en realidad trata de engañar a los mexicanos, porque “esto no tiene nada de ciudadano. En dos cosas está mintiendo: la primera, al hacer parecer que es una manera de que los ciudadanos sean dueños del petróleo, cuando la iniciativa establece claramente que los tenedores de uso de estos bonos no tendrán ningún derecho patrimonial ni sobre el petróleo ni sobre Pemex”. En realidad, los instrumentos, afirmó, tendrán un valor de ahorro y darán rendimientos muy parecidos a los de los Certificados de la Tesorería, pero sí “les representarían comisiones a los bancos, a la BMV y a quienes los vendan, que pueden ser las mismas Afores o los fondos de inversión”.
Y si se revisa la iniciativa en la parte de bonos ciudadanos, indicó, se establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que mediante disposiciones de carácter general establezca montos, plazos y rendimientos de los mismos. Así que los bancos dicen: ‘vamos a apoyar esto sigilosamente, sin hacer ruido, y luego veremos cómo lo implementamos’, ¿con quién? Con Hacienda. “Esto refleja que existe un acuerdo previo entre los banqueros y el gobierno para que la colocación de los bonos al final no tenga nada de ciudadano”.
Es más, indicó el colaborador de López Obrador, “si estos bonos te otorgaran un derecho sobre Pemex, sería absolutamente inconstitucional. El artículo 41 de la iniciativa dice que las contraprestaciones que se consiguen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Pemex”.
Además, señaló que la SHCP determinará, por medio de discusiones de carácter general, las formas de adquisición de los mismos para las personas físicas o los trabajadores mexicanos. “O sea, no hay tal ni es como ha dicho Calderón de cien pesos, porque en la iniciativa no se habla de cantidades. Es un engaño del cual van a sacar provecho los banqueros”, enfatizó.
Calderón, agregó, lo único que ha hecho es “engañar”, diciendo que el comisario de Petróleos Mexicanos velará por los intereses de los tenedores de esos bonos. “Que yo sepa, no hay ningún comisario ni ninguna persona en el Banco de México ni en la SHCP que vele por los intereses de los tenedores de los Cetes, por ejemplo, o para los bonos de protección al ahorro bancario, que también se emiten”.
Y si nos fijamos quiénes tienen esos instrumentos, encontramos que son instituciones financieras, algunas Afores, “pero en realidad la gente no tiene acceso a los rendimientos, y si los tiene ya van descontadas mil comisiones, que es lo que les interesa en este caso a la BMV y a los bancos, las comisiones que cobrarían por la colocación de los bonos”.
Obviamente, apuntó, los bancos tendrán la ganancia, porque además “a ellos les darán los bonos para que los vendan, y también pueden recomprarlos, porque Hacienda va a crear un mercado secundario donde puede haber un solo acreedor y no habrá reglamentación”.
Di Costanzo enfatizó finalmente que el mensaje enviado por el funcionario de Santander Serfin deja entrever el reto de banqueros y “especuladores” para apoyar sigilosamente a que se apruebe la existencia de los bonos ciudadanos, y “ya luego verán con Hacienda cómo tendrán más utilidades y podrán recomprarlos por debajo del agua”.
martes, 15 de abril de 2008
EL PETRÓLEO Y AMÉRICA LATINA Soberanía petrolera: péndulo de la historia
Martes 15 de Abril de 2008. Periódico "La Jornada". México.
Luis Hernández Navarro.
Rafael Correa, presidente de Ecuador, dijo al mandatario mexicano Felipe Calderón: “ser de derecha ya pasó de moda en América Latina”. La afirmación del ecuatoriano no es una frase de ocasión. Efectivamente hay un vuelco importante en la orientación política de los gobiernos de la región.
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Argentina muestran que los vientos soplan en dirección hacia la izquierda. El posible triunfo del ex obispo católico Fernando Lugo en los próximos comicios del 20 de abril en Paraguay, que pondría fin a más de 60 años de dominio del Partido Colorado, confirma esta tendencia.
Por supuesto, está a discusión el sentido y el alcance de las transformaciones políticas y sociales emprendidas por esa izquierda y su relación con los movimientos populares, que en muchas ocasiones se encuentran detrás de sus victorias electorales. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos gobiernos han dado marcha atrás o frenado las privatizaciones rapaces que sus bienes naturales y servicios públicos sufrieron durante los años 90. La soberanía nacional sobre los recursos naturales es uno de los ejes.
Con el nuevo siglo, uno de los elementos centrales de las nuevas políticas de estos gobiernos ha sido la renegociación de los contratos firmados por gobiernos de derecha con las empresas petroleras trasnacionales. Con la expansión de las explotaciones de gas y los precios del oro negro al alza, los estados han decidido cambiar las reglas del juego. El precio del petróleo prácticamente se ha duplicado en los pasados tres años.
Hace tres décadas el nacionalismo petrolero alcanzó su cenit después del alza en el precio del crudo de 1973. En los 80 comenzó su repliegue. Desde hace ocho años ha resurgido. Los gobiernos de economías de hidrocarburos han ampliado y profundizado su control en la producción y explotación del gas y el petróleo.
La desconfianza en las grandes potencias, la importancia del petróleo en la generación de ingresos y el descontento con los resultados de las grandes empresas y los desfavorables contratos firmados con ellas son algunas de las causas que explican la nueva dirección en la que se mueve el intervencionismo estatal en el sector. El petróleo es una herramienta formidable para alcanzar la independencia económica o para profundizar la dependencia hacia las metrópolis.
La ola de nacionalizaciones de la década de los 70 dejó como saldo una serie de grandes compañías petroleras nacionales propiedad de los estados, además de las que ya existían, como la mexicana Pemex: Arabian American Oil Company-Aramco (Arabia Saudita); National Iranian Oil Company-NIOC; Iraqi National Oil Company-INOC (lrak); Kuwait Oil Company- KOC (Kuwait); Abou Dhabi Company for Onshore Oil Operations-ADCO (Emiratos Árabes Unidos, el Estado posee 60 por ciento de sus acciones); Petróleos de Venezuela SA-PDVSA (Venezuela).
El nuevo intervencionismo estatal en el petróleo y gas ha permitido a varios países el crecimiento de las arcas públicas. La limitada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales permitió que la empresa YPBF sea ya no solamente el regulador de los contratos con las grandes empresas, sino la propietaria de todo el gas que posee la nación. Es el Estado quien define los precios, los volúmenes y los lugares de producción. De esta manera pasó de controlar 6 por ciento del PIB a 19 por ciento. Quiere llegar a 30 por ciento.
Pero el nacionalismo petrolero en sus distintas variantes no es exclusivo de América Latina. El gobierno laborista inglés aumentó la tasa de impuestos para compañías que producen gas o petróleo en el Reino Unido a 50 por ciento, a pesar de que se necesita un aumento de la inversión para contener la caída de la producción de los envejecidos campos del Mar del Norte.
Un papel preponderante en esta nueva ola lo juega Rusia. El gobierno de Vladimir Putin incrementó el tamaño del sector público en hidrocarburos, sin cerrar la puerta a la inversión privada, tanto rusa como extranjera, al tiempo que apoyó la expansión de Gasprom, megacorporación bajo control mayoritariamente estatal.
El malestar hacia las grandes empresas privadas también ha irrumpido en otras naciones. Es el caso de Argelia con Repsol/Gas Natural y de Kazajstán con ENI. Los gobiernos de esos países han exigido una modificación de los contratos, o su rescisión.
A pesar de todo ello, la reciente iniciativa de reforma al sector energético del gobierno de Felipe Calderón marcha en dirección contraria a la ruta por la que transitan los gobiernos de América Latina y los de la mayoría de los países petroleros. Lo hace cuando el precio de barril del petróleo alcanzó más de 112 dólares el barril en Nueva York, y cuando el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2009 baje apenas un dólar. Llega cuando el tiempo para cubrirla con el manto de la legitimidad se agotó. Camina contra la historia reciente del sector.El Ejecutivo no parece darse cuenta de que el resto de las naciones marchan en sentido contrario porque la ruta que él ha trazado ha resultado ya un fracaso.
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Argentina muestran que los vientos soplan en dirección hacia la izquierda. El posible triunfo del ex obispo católico Fernando Lugo en los próximos comicios del 20 de abril en Paraguay, que pondría fin a más de 60 años de dominio del Partido Colorado, confirma esta tendencia.
Por supuesto, está a discusión el sentido y el alcance de las transformaciones políticas y sociales emprendidas por esa izquierda y su relación con los movimientos populares, que en muchas ocasiones se encuentran detrás de sus victorias electorales. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos gobiernos han dado marcha atrás o frenado las privatizaciones rapaces que sus bienes naturales y servicios públicos sufrieron durante los años 90. La soberanía nacional sobre los recursos naturales es uno de los ejes.
Con el nuevo siglo, uno de los elementos centrales de las nuevas políticas de estos gobiernos ha sido la renegociación de los contratos firmados por gobiernos de derecha con las empresas petroleras trasnacionales. Con la expansión de las explotaciones de gas y los precios del oro negro al alza, los estados han decidido cambiar las reglas del juego. El precio del petróleo prácticamente se ha duplicado en los pasados tres años.
Hace tres décadas el nacionalismo petrolero alcanzó su cenit después del alza en el precio del crudo de 1973. En los 80 comenzó su repliegue. Desde hace ocho años ha resurgido. Los gobiernos de economías de hidrocarburos han ampliado y profundizado su control en la producción y explotación del gas y el petróleo.
La desconfianza en las grandes potencias, la importancia del petróleo en la generación de ingresos y el descontento con los resultados de las grandes empresas y los desfavorables contratos firmados con ellas son algunas de las causas que explican la nueva dirección en la que se mueve el intervencionismo estatal en el sector. El petróleo es una herramienta formidable para alcanzar la independencia económica o para profundizar la dependencia hacia las metrópolis.
La ola de nacionalizaciones de la década de los 70 dejó como saldo una serie de grandes compañías petroleras nacionales propiedad de los estados, además de las que ya existían, como la mexicana Pemex: Arabian American Oil Company-Aramco (Arabia Saudita); National Iranian Oil Company-NIOC; Iraqi National Oil Company-INOC (lrak); Kuwait Oil Company- KOC (Kuwait); Abou Dhabi Company for Onshore Oil Operations-ADCO (Emiratos Árabes Unidos, el Estado posee 60 por ciento de sus acciones); Petróleos de Venezuela SA-PDVSA (Venezuela).
El nuevo intervencionismo estatal en el petróleo y gas ha permitido a varios países el crecimiento de las arcas públicas. La limitada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia con el gobierno de Evo Morales permitió que la empresa YPBF sea ya no solamente el regulador de los contratos con las grandes empresas, sino la propietaria de todo el gas que posee la nación. Es el Estado quien define los precios, los volúmenes y los lugares de producción. De esta manera pasó de controlar 6 por ciento del PIB a 19 por ciento. Quiere llegar a 30 por ciento.
Pero el nacionalismo petrolero en sus distintas variantes no es exclusivo de América Latina. El gobierno laborista inglés aumentó la tasa de impuestos para compañías que producen gas o petróleo en el Reino Unido a 50 por ciento, a pesar de que se necesita un aumento de la inversión para contener la caída de la producción de los envejecidos campos del Mar del Norte.
Un papel preponderante en esta nueva ola lo juega Rusia. El gobierno de Vladimir Putin incrementó el tamaño del sector público en hidrocarburos, sin cerrar la puerta a la inversión privada, tanto rusa como extranjera, al tiempo que apoyó la expansión de Gasprom, megacorporación bajo control mayoritariamente estatal.
El malestar hacia las grandes empresas privadas también ha irrumpido en otras naciones. Es el caso de Argelia con Repsol/Gas Natural y de Kazajstán con ENI. Los gobiernos de esos países han exigido una modificación de los contratos, o su rescisión.
A pesar de todo ello, la reciente iniciativa de reforma al sector energético del gobierno de Felipe Calderón marcha en dirección contraria a la ruta por la que transitan los gobiernos de América Latina y los de la mayoría de los países petroleros. Lo hace cuando el precio de barril del petróleo alcanzó más de 112 dólares el barril en Nueva York, y cuando el Fondo Monetario Internacional prevé que en 2009 baje apenas un dólar. Llega cuando el tiempo para cubrirla con el manto de la legitimidad se agotó. Camina contra la historia reciente del sector.El Ejecutivo no parece darse cuenta de que el resto de las naciones marchan en sentido contrario porque la ruta que él ha trazado ha resultado ya un fracaso.
Los veneros de petróleo que nos dio el Diablo
Martes 15 de Abril de 2008. Periódico ”La Jornada”. México.
Fernando del Paso.
Con esta contribución me incluyo y me retiro al mismo tiempo del llamado debate sobre el petróleo. En un programa difundido la semana pasada en el Canal 11, el senador por el PRD Graco Ramírez afirmó –cito de memoria– que la gran mayoría de los mexicanos tiene una opinión definida sobre el futuro del petróleo en México. Es probable que, sin embargo, yo no pertenezca a esa gran mayoría: me retiro porque no tengo la capacidad, o en otras palabras, la preparación, los estudios necesarios para opinar sobre las implicaciones tecnológicas y económicas de una reforma energética. Coincido con lo que dijo Manuel Bartlett Díaz en la revista Forma del mes de enero-febrero de este 2008: “Nadie sabe qué es la reforma energética y todos saben qué es la reforma energética”.
Sí pertenezco, en cambio, a esa mayoría total –quiero pensar que lo es– de mexicanos que estamos dispuestos a defender a ultranza nuestro petróleo. ¿Quién no lo está? Pero pertenecer a esta mayoría, y formar parte de un grupo selecto en el que se mezclan simples novelistas –como un servidor– con expertos en politología, historia y economía, es otra cosa. En este caso, pienso que el escritor queda en desventaja. O al menos yo, por mi ignorancia.
Ampararse con la bandera de la ignorancia no es, desde luego, un motivo de orgullo y mucho menos un pretexto digno para retirarse de la arena. En las últimas semanas he leído con asiduidad y con cuidado una buena parte del material que se ha publicado sobre la reforma energética –o mejor dicho la petrolera–, y he tomado notas de los debates difundidos, sobre este tema, en el Canal 11. Lo menos que podía hacer, creo, era tratar de saber por qué no sé y, así, saber un poco más.
La mancuerna del Diablo
Defender nuestro petróleo de los intereses extranjeros implica, entre otras cosas –y cuando menos–, saber por qué lo hacemos. Algo en este sentido puede enseñarnos la historia y en particular la de América Latina, que no ha sido otra cosa, desde hace dos siglos, que la patética relación de los dorados auges y las caídas estrepitosas de sus productos, o en otras palabras la alternancia del milagro económico y la quiebra súbita y casi absoluta.
Desde 1810, cuando los países latinoamericanos bajo el dominio español comenzaron a independizarse, Inglaterra se propuso evitar que estas ex colonias cayeran en manos francesas o estadunidenses. En las siguientes décadas, los ingleses ya se habían encargado de construir en nuestros países varios ferrocarriles destinados no a beneficiar el transporte interno de materias primas y mercancías, sino a facilitar la salida de éstas al mar, con destino al Reino Unido. En 1850, estaban ya terminados el ferrocarril de Maná, en Brasil; el de Copiapó, en Chile, y el de Veracruz-El Molino, de México. Siguieron, pocos años después, en Colombia el de Aspinwall-Panamá y, en 1857, en Argentina, el de Buenos Aires-Suroeste.
Pocos años más tarde unas cuantas empresas inglesas se habían ya apoderado del cobre chileno y creado un imperio azucarero en el archipiélago de Sotavento, las Guayanas, Jamaica, Haití, Guadalupe, Puerto Rico, las costas peruanas y desde luego, Cuba, cuyo dominio no tardaría en pasar de las manos británicas a las estadunidenses; esta isla del Caribe no sólo le sería útil a Estados Unidos para hacer de ella un gran burdel en beneficio de la mafia, sino también para controlar la producción y el aprovechamiento de algo más que el azúcar y el tabaco: el níquel, el cobre, el hierro, el manganeso y el tungsteno.
Entre las fuentes y documentos a los que podemos acudir para ratificar las inmensas depredaciones que ha sufrido nuestro continente, destaca desde luego el libro del uruguayo Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina, uno de los recuentos más lúcidos y completos y, diría yo, más dolorosos, de la expoliación que han sufrido nuestros pobres países al “asociarse” con empresas extranjeras representantes del capitalismo más puro y salvaje. Esto no hubiera sido posible, desde luego, sin la corrupción y la connivencia criminal de gobernantes latinoamericanos siempre dispuestos a asociarse con los intereses extranjeros para completar la mancuerna. Los casos han sido numerosos. Entre ellos, por ejemplo, el del presidente Castelo Branco de Brasil, quien le entregó a la US Steel el derecho de adquirir 49 por ciento de las acciones de los yacimientos de hierro de la sierra de Los Carajas. Esta empresa, nos cuenta Galeano, se encargó también de sacar, y transportar en sus propios buques, “todo el hierro que se extraía en cantidades gigantescas del Cerro de Bolívar el Venezuela”, como nos cuenta Galeano. Otro ejemplo es el del sanguinario dictador guatemalteco, Jorge Ubico, quien le otorgó a las empresas cafetaleras y bananeras extranjeras lo que Galeano llama “el derecho a matar”, al exentar a los finqueros de responsabilidad criminal respecto a la muerte de sus trabajadores.
Estos finqueros eran, por supuesto, representantes de la United Fruit, el gigante estadunidense que les hizo merecer, a los países centroamericanos por él explotados, el nombre de Repúblicas Bananeras. “Mamá Yunai”, como se llamaba a esta empresa –y tal fue el título de la novela del costarricense Carlos Luis Fallas– ejerció durante muchos decenios una explotación inmisericorde de sus trabajadores, corrompió gobiernos, organizó matanzas y puso y depuso a dictadores. Fue también la responsable, la United Fruit –y esto no lo dice un libro escrito por un comunista: lo dice la Enciclopedia Británica–, del asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán durante el Bogotazo de 1948.
Hubo, sí, mandatarios que lucharon contra estos intereses. Su destino fue trágico.
A fines del sigo XIX, el presidente Balmaceda, de Chile, anunció su intención de nacionalizar los distritos salitreros del país. Los barcos británicos bloquearon las costas de Chile y Balmaceda, derrotado y derrocado, se suicidó. Ya entrado el siglo XX, en 1930, cuando el Congreso Argentino estaba a punto de votar la ley que disponía la nacionalización del petróleo, el presidente Hipólito Irigoyen fue derribado por el general José Félix Uriburu.
Los veneros del Diablo
La frase que aparece en el poema La Suave Patria, del gran poeta zacatecano Ramón López Velarde, resultó profética: el petróleo es un regalo que nos dio el Diablo.
Casi no hubo materia prima importante producida en la América Latina: el salitre, el nitrato de sodio, el azúcar, el algodón de Marañao, el cacao “que alumbró las fortunas de la oligarquía de Caracas” –Galeano– que no fuera objeto de la codicia y del pillaje primero británico y después estadunidense: Estados Unidos comenzó a ganarle terreno al decadente imperio británico y comenzó así el reinado de Union Carbide, Cynamid, Minnesota Manufacturera, Dow Chemical, Lever Brothers, Westinghouse y una veintena más, estadunidenses primero, multinacionales después, que se encargaron de imponer y sostener a todos aquellos sátrapas que las apoyaron: dictadores de opereta, sádicos, carniceros, feroces, asesinos, histriones y dementes. La lista es muy larga.
Ya para entonces, también, el petróleo se había vuelto el rey de las materias primas. Descubierto en lo que es hoy Irak hace más de 2 mil años, fue en un país vecino, Persia –hoy Irán–, donde, en 1901, Gran Bretaña consiguió del Sha Muzafarr al-Din la concesión para la explotación de la región. En unos cuantos años siguieron Kuwait, Bahrein y la conquista de Bagdad, la ciudad que fue clave para los británicos en su camino a la India y sobre todo en la ruta hacia los campos petroleros iraníes. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos, no Inglaterra, el país que aseguró en su beneficio los suministros petroleros de la región saudita, cuando, a bordo del barco Quincy, en aguas de Suez, Roosevelt celebró un tratado con Ibn Saoud, el fundador de la moderna Saudiarabia.
Una quincena de años antes, dos empresas petroleras, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Shell, provocaron la guerra de El Chaco, el conflicto más cruento de toda la historia de América Latina, en el cual se enfrentaron los dos países más pobres del continente en ese entonces: Bolivia y Paraguay. Más de 80 mil bolivianos y 40 mil paraguayos pagaron con sus vidas. Nuevamente, no fue un comunista el que denunció el siniestro papel que jugaron estos dos gigantes: lo hizo un personaje de la política estadunidense, Huey Long, senador y después gobernador de Luisiana.
El Diablo en México
Es de suponerse que los mexicanos conocemos bien la historia de nuestro petróleo. En 1938, la nacionalización realizada por Lázaro Cárdenas afectó profundamente los intereses petroleros de varias naciones como Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos. Entre las empresas nacionalizadas se encontraban, como lo señala la Enciclopedia de México de Rogelio Álvarez, la Huasteca Petroleum Co., la Sinclair Pierce Oil Co., la Standford y Cía., la California Standard Oil, la Consolidated Oil Co., la Atlantic Gulf Refining y la Transportation Co. A pesar de que México cumplió con el compromiso contraído para indemnizar a esas compañías, la estadunidense Standard Oil y la holandesa Royal Dutch bloquearon las exportaciones mexicanas de petróleo y abastecimientos para pozos y refinerías. Éstas y otras empresas ya se habían encargado de agotar, y llevarse consigo, la riqueza de la “Faja de Oro”, en los tiempos en que México cubría 25 por ciento de la demanda petrolera planetaria.
Pero el presidente Cárdenas no fue derrocado por los militares. No fue asesinado. No se suicidó. No acabó sus días en el exilio. A sabiendas de que a Estados Unidos le convenía tener a su alcance la riqueza petrolera mexicana para acaparar la producción e incluso apoderarse de ella si era necesario, obligó a México a declararle la guerra al Eje. México había sido neutral durante la Gran Guerra. Esta vez, esa posición era intolerable. Y fue entonces cuando se maquinó, de la manera más burda, el casus belli indispensable: el supuesto bombardeo, por parte de submarinos alemanes, de varios buquetanques petroleros: el Potrero del Llano, el Faja de Oro, Las Choapas y el Amatlán.
Con algo más pagamos: con la participación en la guerra de más de 15 mil mexicanos que vivían en Estados Unidos (Enciclopedia de México), y la muerte de cinco pilotos mexicanos del Escuadrón 201 en la guerra del Pacífico. Y también con el trabajo de decenas de miles de braceros mexicanos que exigían los agricultores del sur de Estados Unidos para levantar sus cosechas de algodón, uva, betabel, naranja, y otras frutas y verduras.
A pesar de que faltaban veinte años para que el carismático líder César Chávez creara una organización que defendiera los intereses de los inmigrantes en esas tierras, siempre humillados y explotados, los braceros mexicanos descubrieron algo en ellas que era un poco mejor que el infierno, y que les permitía llevar dólares a su país. Y éste fue el detonador de lo que se convirtió en la inmensa e incontrolable emigración de mexicanos hacia Estados Unidos.
Es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera.
Sí pertenezco, en cambio, a esa mayoría total –quiero pensar que lo es– de mexicanos que estamos dispuestos a defender a ultranza nuestro petróleo. ¿Quién no lo está? Pero pertenecer a esta mayoría, y formar parte de un grupo selecto en el que se mezclan simples novelistas –como un servidor– con expertos en politología, historia y economía, es otra cosa. En este caso, pienso que el escritor queda en desventaja. O al menos yo, por mi ignorancia.
Ampararse con la bandera de la ignorancia no es, desde luego, un motivo de orgullo y mucho menos un pretexto digno para retirarse de la arena. En las últimas semanas he leído con asiduidad y con cuidado una buena parte del material que se ha publicado sobre la reforma energética –o mejor dicho la petrolera–, y he tomado notas de los debates difundidos, sobre este tema, en el Canal 11. Lo menos que podía hacer, creo, era tratar de saber por qué no sé y, así, saber un poco más.
La mancuerna del Diablo
Defender nuestro petróleo de los intereses extranjeros implica, entre otras cosas –y cuando menos–, saber por qué lo hacemos. Algo en este sentido puede enseñarnos la historia y en particular la de América Latina, que no ha sido otra cosa, desde hace dos siglos, que la patética relación de los dorados auges y las caídas estrepitosas de sus productos, o en otras palabras la alternancia del milagro económico y la quiebra súbita y casi absoluta.
Desde 1810, cuando los países latinoamericanos bajo el dominio español comenzaron a independizarse, Inglaterra se propuso evitar que estas ex colonias cayeran en manos francesas o estadunidenses. En las siguientes décadas, los ingleses ya se habían encargado de construir en nuestros países varios ferrocarriles destinados no a beneficiar el transporte interno de materias primas y mercancías, sino a facilitar la salida de éstas al mar, con destino al Reino Unido. En 1850, estaban ya terminados el ferrocarril de Maná, en Brasil; el de Copiapó, en Chile, y el de Veracruz-El Molino, de México. Siguieron, pocos años después, en Colombia el de Aspinwall-Panamá y, en 1857, en Argentina, el de Buenos Aires-Suroeste.
Pocos años más tarde unas cuantas empresas inglesas se habían ya apoderado del cobre chileno y creado un imperio azucarero en el archipiélago de Sotavento, las Guayanas, Jamaica, Haití, Guadalupe, Puerto Rico, las costas peruanas y desde luego, Cuba, cuyo dominio no tardaría en pasar de las manos británicas a las estadunidenses; esta isla del Caribe no sólo le sería útil a Estados Unidos para hacer de ella un gran burdel en beneficio de la mafia, sino también para controlar la producción y el aprovechamiento de algo más que el azúcar y el tabaco: el níquel, el cobre, el hierro, el manganeso y el tungsteno.
Entre las fuentes y documentos a los que podemos acudir para ratificar las inmensas depredaciones que ha sufrido nuestro continente, destaca desde luego el libro del uruguayo Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina, uno de los recuentos más lúcidos y completos y, diría yo, más dolorosos, de la expoliación que han sufrido nuestros pobres países al “asociarse” con empresas extranjeras representantes del capitalismo más puro y salvaje. Esto no hubiera sido posible, desde luego, sin la corrupción y la connivencia criminal de gobernantes latinoamericanos siempre dispuestos a asociarse con los intereses extranjeros para completar la mancuerna. Los casos han sido numerosos. Entre ellos, por ejemplo, el del presidente Castelo Branco de Brasil, quien le entregó a la US Steel el derecho de adquirir 49 por ciento de las acciones de los yacimientos de hierro de la sierra de Los Carajas. Esta empresa, nos cuenta Galeano, se encargó también de sacar, y transportar en sus propios buques, “todo el hierro que se extraía en cantidades gigantescas del Cerro de Bolívar el Venezuela”, como nos cuenta Galeano. Otro ejemplo es el del sanguinario dictador guatemalteco, Jorge Ubico, quien le otorgó a las empresas cafetaleras y bananeras extranjeras lo que Galeano llama “el derecho a matar”, al exentar a los finqueros de responsabilidad criminal respecto a la muerte de sus trabajadores.
Estos finqueros eran, por supuesto, representantes de la United Fruit, el gigante estadunidense que les hizo merecer, a los países centroamericanos por él explotados, el nombre de Repúblicas Bananeras. “Mamá Yunai”, como se llamaba a esta empresa –y tal fue el título de la novela del costarricense Carlos Luis Fallas– ejerció durante muchos decenios una explotación inmisericorde de sus trabajadores, corrompió gobiernos, organizó matanzas y puso y depuso a dictadores. Fue también la responsable, la United Fruit –y esto no lo dice un libro escrito por un comunista: lo dice la Enciclopedia Británica–, del asesinato del líder colombiano Jorge Eliécer Gaitán durante el Bogotazo de 1948.
Hubo, sí, mandatarios que lucharon contra estos intereses. Su destino fue trágico.
A fines del sigo XIX, el presidente Balmaceda, de Chile, anunció su intención de nacionalizar los distritos salitreros del país. Los barcos británicos bloquearon las costas de Chile y Balmaceda, derrotado y derrocado, se suicidó. Ya entrado el siglo XX, en 1930, cuando el Congreso Argentino estaba a punto de votar la ley que disponía la nacionalización del petróleo, el presidente Hipólito Irigoyen fue derribado por el general José Félix Uriburu.
Los veneros del Diablo
La frase que aparece en el poema La Suave Patria, del gran poeta zacatecano Ramón López Velarde, resultó profética: el petróleo es un regalo que nos dio el Diablo.
Casi no hubo materia prima importante producida en la América Latina: el salitre, el nitrato de sodio, el azúcar, el algodón de Marañao, el cacao “que alumbró las fortunas de la oligarquía de Caracas” –Galeano– que no fuera objeto de la codicia y del pillaje primero británico y después estadunidense: Estados Unidos comenzó a ganarle terreno al decadente imperio británico y comenzó así el reinado de Union Carbide, Cynamid, Minnesota Manufacturera, Dow Chemical, Lever Brothers, Westinghouse y una veintena más, estadunidenses primero, multinacionales después, que se encargaron de imponer y sostener a todos aquellos sátrapas que las apoyaron: dictadores de opereta, sádicos, carniceros, feroces, asesinos, histriones y dementes. La lista es muy larga.
Ya para entonces, también, el petróleo se había vuelto el rey de las materias primas. Descubierto en lo que es hoy Irak hace más de 2 mil años, fue en un país vecino, Persia –hoy Irán–, donde, en 1901, Gran Bretaña consiguió del Sha Muzafarr al-Din la concesión para la explotación de la región. En unos cuantos años siguieron Kuwait, Bahrein y la conquista de Bagdad, la ciudad que fue clave para los británicos en su camino a la India y sobre todo en la ruta hacia los campos petroleros iraníes. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos, no Inglaterra, el país que aseguró en su beneficio los suministros petroleros de la región saudita, cuando, a bordo del barco Quincy, en aguas de Suez, Roosevelt celebró un tratado con Ibn Saoud, el fundador de la moderna Saudiarabia.
Una quincena de años antes, dos empresas petroleras, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Shell, provocaron la guerra de El Chaco, el conflicto más cruento de toda la historia de América Latina, en el cual se enfrentaron los dos países más pobres del continente en ese entonces: Bolivia y Paraguay. Más de 80 mil bolivianos y 40 mil paraguayos pagaron con sus vidas. Nuevamente, no fue un comunista el que denunció el siniestro papel que jugaron estos dos gigantes: lo hizo un personaje de la política estadunidense, Huey Long, senador y después gobernador de Luisiana.
El Diablo en México
Es de suponerse que los mexicanos conocemos bien la historia de nuestro petróleo. En 1938, la nacionalización realizada por Lázaro Cárdenas afectó profundamente los intereses petroleros de varias naciones como Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos. Entre las empresas nacionalizadas se encontraban, como lo señala la Enciclopedia de México de Rogelio Álvarez, la Huasteca Petroleum Co., la Sinclair Pierce Oil Co., la Standford y Cía., la California Standard Oil, la Consolidated Oil Co., la Atlantic Gulf Refining y la Transportation Co. A pesar de que México cumplió con el compromiso contraído para indemnizar a esas compañías, la estadunidense Standard Oil y la holandesa Royal Dutch bloquearon las exportaciones mexicanas de petróleo y abastecimientos para pozos y refinerías. Éstas y otras empresas ya se habían encargado de agotar, y llevarse consigo, la riqueza de la “Faja de Oro”, en los tiempos en que México cubría 25 por ciento de la demanda petrolera planetaria.
Pero el presidente Cárdenas no fue derrocado por los militares. No fue asesinado. No se suicidó. No acabó sus días en el exilio. A sabiendas de que a Estados Unidos le convenía tener a su alcance la riqueza petrolera mexicana para acaparar la producción e incluso apoderarse de ella si era necesario, obligó a México a declararle la guerra al Eje. México había sido neutral durante la Gran Guerra. Esta vez, esa posición era intolerable. Y fue entonces cuando se maquinó, de la manera más burda, el casus belli indispensable: el supuesto bombardeo, por parte de submarinos alemanes, de varios buquetanques petroleros: el Potrero del Llano, el Faja de Oro, Las Choapas y el Amatlán.
Con algo más pagamos: con la participación en la guerra de más de 15 mil mexicanos que vivían en Estados Unidos (Enciclopedia de México), y la muerte de cinco pilotos mexicanos del Escuadrón 201 en la guerra del Pacífico. Y también con el trabajo de decenas de miles de braceros mexicanos que exigían los agricultores del sur de Estados Unidos para levantar sus cosechas de algodón, uva, betabel, naranja, y otras frutas y verduras.
A pesar de que faltaban veinte años para que el carismático líder César Chávez creara una organización que defendiera los intereses de los inmigrantes en esas tierras, siempre humillados y explotados, los braceros mexicanos descubrieron algo en ellas que era un poco mejor que el infierno, y que les permitía llevar dólares a su país. Y éste fue el detonador de lo que se convirtió en la inmensa e incontrolable emigración de mexicanos hacia Estados Unidos.
Es, pues, la historia, y no la histeria, la que nos proporciona razones más que suficientes para desconfiar de nuestra asociación con cualquier empresa extranjera.
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